•   El ICP considera necesaria la suspensión provisional del artículo 32 del PND y una audiencia pública ante la Corte Constitucional para exponer los riesgos que esta norma representa para la autonomía municipal y los derechos de propiedad privada.

•   El Gobierno impone control sobre la tierra sin consulta previa, afectando la participación ciudadana y la autonomía territorial.

•   La Resolución 377 de 2024 abre la puerta a la intervención estatal en la propiedad privada, restringiendo actividades productivas como la ganadería, la agricultura, el turismo y la minería y poniendo en riesgo la seguridad jurídica, la inversión y el desarrollo regional.

Medellín, 13 de febrero de 2025. El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) alerta sobre los riesgos de las regulaciones del Gobierno nacional que afectan el ordenamiento territorial y la propiedad privada. El artículo 32 del PND,  impone nuevas restricciones bajo el argumento de la seguridad alimentaria, dando paso a figuras como las ZPPA y APPA, los TECAM, la ATEA  y las ZRC. Estas medidas se implementan sin sustento técnico ni consulta previa, afectando la seguridad jurídica, limitando la inversión y poniendo en riesgo sectores estratégicos como la ganadería, la agricultura, el turismo y la minería.

Además, estas regulaciones impactarán directamente a varios departamentos, donde el Gobierno ha definido su implementación, incluyendo La Guajira, Córdoba, Antioquia, Sabana Centro de Cundinamarca, Tolima, Santander, Putumayo, Cauca y Meta​.

El ICP considera necesario la suspensión provisional del artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), actualmente en estudio en la Corte Constitucional, para evitar que siga aplicándose mientras se define su constitucionalidad. Asimismo, insta a la Corte a conceder una audiencia pública para exponer los riesgos que estas regulaciones representan para la autonomía municipal y la propiedad privada.

Hacemos un llamado a concejales, gremios, propietarios de tierras, trabajadores, comunidades y gobiernos locales a rechazar estas medidas e impulsar acciones legales en defensa del orden constitucional, la descentralización y la propiedad privada. El ICP rechaza cualquier norma impuesta sin concertación ni sustento técnico, advirtiendo que la intervención estatal no debe restringir la propiedad privada ni frenar el desarrollo del campo.

De acuerdo con Carlos Augusto Chacón Monsalve, director ejecutivo del ICP, “las regulaciones sobre las ZPPA y APPA no garantizan la seguridad alimentaria, sino que amplían el intervencionismo estatal sobre la propiedad privada y la libertad de empresa, protegidas constitucionalmente. Estas políticas ponen en riesgo la autonomía territorial y condenan a campesinos y empresarios del sector rural a la subsistencia, limitando la diversificación y la generación de riqueza. No podemos permitir que las comunidades sean convocadas solo para justificar decisiones ya tomadas”.

Agregó que el Ministerio de Agricultura justifica estas regulaciones como garantía de seguridad alimentaria, pero en realidad imponen restricciones sin sustento técnico ni consulta suficiente, limitando la inversión y frenando el desarrollo rural. Sin diálogo con las comunidades y sectores productivos, afectan a productores, empresarios y gobiernos locales, poniendo en riesgo la estabilidad económica y el crecimiento de sectores como la agricultura, la ganadería, el turismo y la minería.

Este tema fue analizado en el foro “Uso del suelo en Colombia: cómo las nuevas regulaciones del Gobierno afectan la autonomía y gestión”, organizado en Medellín por el ICP, la Fundación Konrad Adenauer (KAS), Fenalco Antioquia y la Universidad EAFIT. Autoridades, expertos y representantes del sector productivo concluyeron que estas regulaciones vulneran la autonomía territorial, afectan la inversión y generan incertidumbre jurídica en el sector rural.

El ICP ha elaborado un informe sobre el impacto de estas regulaciones en la autonomía territorial y la propiedad privada.