Los recientes señalamientos y actuaciones contra el Banco de la República, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, las Cortes y el Congreso comprometen el Estado de derecho, el equilibrio de poderes, la estabilidad democrática y las libertades. Las instituciones no pueden ser capturadas por intereses particulares.

En medio de una contienda electoral, debilitar la fortaleza institucional también afecta la credibilidad del país, la estabilidad macroeconómica y la confianza de los inversionistas.