Sí hay presión de grupos armados ilegales sobre el voto; la alerta se materializó en la primera vuelta presidencial: advierte el ICP y la FC2050
Fecha de publicación: 23 de junio de 2026
/ Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
– La Veeduría Entorno Electoral 2026 identificó 361.313 votos en 504 puestos de mayor criticidad, fuera de Bogotá, donde coincidieron anomalía electoral y riesgo territorial asociado a presencia, interferencia o control de grupos armados ilegales
Bogotá D.C., 19 de junio de 2026. En el informe de la Veeduría Entorno Electoral 2026, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y la Fundación Colombia 2050 identificaron que la alerta hecha antes de la elección presidencial no quedó en una advertencia: se materializó durante la primera vuelta del 31 de mayo.
El análisis cualitativo, apoyado en la red territorial de veedores del ICP y de FC2050 documentó testimonios, autocensura, permisos informales, restricciones de movilidad, control territorial, carnetización y uso del certificado electoral como mecanismo de presión o comprobación. Este último fue reportado en Cartagena del Chairá, El Tambo, Anorí y Barranquilla. Expresiones como “toca pedir permiso”, “aquí mandan otros” o “mejor no hablar” muestran que, en territorios bajo control armado, el silencio también puede ser evidencia.
“Reducir la libertad del voto a que los puestos hayan abierto, las mesas hayan funcionado o el voto sea secreto dentro de la urna desconoce cómo opera la coacción en los territorios: la presión puede ocurrir antes y después del sufragio”, advirtió el director ejecutivo del ICP, Carlos Augusto Chacón.
El análisis cuantitativo cruzó resultados de la primera vuelta presidencial por puesto con variables institucionales de riesgo territorial de la MOE y la Defensoría del Pueblo. Identificó 1.543 puestos con señales de anomalía electoral; de ellos, 584 cumplen criterios para ser remitidos a autoridades por cumplir tres criterios: anomalía electoral, volumen significativo de votos y riesgo territorial activo.
El núcleo de mayor criticidad se concentra en 504 puestos fuera de Bogotá, con 361.313 votos efectivos; Bogotá hace parte del universo referible, pero requiere lectura diferenciada porque su atipicidad responde principalmente a alta participación.
La anomalía electoral tiene una geografía clara y un componente rural marcado: se concentra en corredores como el litoral Pacífico, Catatumbo, Putumayo y la frontera Orinoquía-Amazonía. Además, 439 de los 584 puestos referibles están ubicados en zonas rurales, equivalentes al 75,2 %. En municipios bajo Control Coercitivo de la MOE y alerta Urgente o Inmediata de la Defensoría del Pueblo, la tasa de puestos atípicos alcanza el 25,2 %.
El análisis por candidato no acusa ni atribuye conductas a campañas, partidos o personas, pero sí muestra patrones distintos que deben ser verificados: Iván Cepeda ganó en 474 de los 584 puestos referibles, con predominio de un patrón rural de dominio; Abelardo de la Espriella ganó en 110 puestos, con predominio de un patrón urbano de alta participación.
La Veeduría también identificó un riesgo postelectoral: la narrativa de fraude ya instalada en la conversación pública puede convertir fallas logísticas, contingencias de orden público o rumores en supuestas pruebas de manipulación. Esta alerta fue identificada mediante escucha digital pública con Nikka y contrastada con grupos focales y testimonios territoriales.
Frente a estas señales, el ICP llama a las autoridades electorales, judiciales, de control y de seguridad a verificar los territorios priorizados, prevenir nuevos hechos de presión y reforzar la protección territorial. También llama a las misiones de observación, medios de comunicación y sociedad civil a documentar el entorno electoral, no solo la operación dentro del puesto de votación. El informe no afirma fraude generalizado, no pide desconocer resultados ni atribuye responsabilidades penales individuales.
