El análisis cualitativo encontró que, en territorios específicos, grupos armados ilegales incidieron en las condiciones de libertad electoral mediante control territorial, vigilancia y restricciones a la movilidad, las campañas y la participación.
El análisis cuantitativo mostró que los patrones electorales atípicos fueron más frecuentes en puestos ubicados en municipios donde coincidieron señales territoriales de riesgo identificadas por la MOE y alertas de la Defensoría del Pueblo, asociadas con la presencia, interferencia, disputa o control de grupos armados ilegales. Esta coincidencia no prueba presión, pero orienta la verificación

Que no sea posible identificar con exactitud cuántos votos estuvieron bajo presión de grupos armados ilegales o determinar con precisión en qué grado ésta incidió en el resultado nacional no significa que la presión en sí misma no haya existido.

El ICP remitió a las autoridades competentes 667 puestos de votación para su verificación. De ellos, 593 están fuera de Bogotá D.C., reúnen 400.499 votos efectivos y conforman el núcleo más robusto del análisis. Algunos están ubicados en resguardos indígenas y consejos comunitarios de comunidades negras; su inclusión no pone bajo sospecha a estas comunidades ni desconoce la legitimidad de sus preferencias. Deben entenderse como posibles sujetos de protección frente a presiones externas.

El mensaje de fondo es claro: que la presión no haya ocurrido en todo el país, haya o no determinado el resultado nacional no significa que no haya existido.