Aprobada propuesta de racionalización de trámites del ICP y el concejal Daniel Briceño en el Plan Distrital de Desarrollo

28 de mayo de 2024
/ Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga

 

 

  • La iniciativa Política Distrital de Racionalización y Simplificación de Trámites busca simplificar procedimientos, reduciendo costos y optimizando tiempos para los ciudadanos.

 

Bogotá, 27 de mayo de 2024. En un trabajo académico conjunto, el ICP y el concejal Daniel Briceño lograron que el Concejo de Bogotá aprobará, en el Plan Distrital de Desarrollo, la iniciativa de Política Distrital de Racionalización y Simplificación de Trámites.

El artículo 247 aprobado en el Plan Distrital de Desarrollo establece que la Administración Distrital, a través de la Secretaría General, liderará la implementación de esta política. Su tarea será articular y acompañar acciones para simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites administrativos en el Distrito.

Estas acciones, inscritas en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), buscarán reducir costos y tiempos, facilitando el acceso de los ciudadanos a sus derechos y agilizando actividades comerciales y económicas.

Además, la Secretaría General, en colaboración con entidades distritales y nacionales como el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, deberá impulsar la automatización y digitalización de trámites, conforme a la Ley 2052 de 2020. Esto mejorará la eficiencia administrativa y apoyará el desarrollo económico del Distrito.

La iniciativa se realizó en respuesta al Índice de Burocracia 2023, elaborado por el ICP junto con el Adam Smith Center y Atlas Network. El estudio encontró que un empresario colombiano dedica 755 horas al año en trámites burocráticos, equivalente al 38% de los días laborables.

Reducir la burocracia y simplificar las regulaciones permite a las empresas enfocarse en generar valor, aumentar la productividad y adaptarse al mercado. Esto fomenta la inversión y fortalece especialmente a las PYMES, mejorando su competitividad.

Un entorno regulatorio con más libertad económica incentiva la formalización de negocios, haciendo los costos más razonables para nuevos empresarios y pequeñas empresas. Además, disminuye la percepción de ineficacia y corrupción en el gobierno, aumentando la confianza en las instituciones y reduciendo las posibilidades de prácticas corruptas como el favoritismo y los sobornos para agilizar o evadir procesos.