El Instituto de Ciencia Política (ICP), ProBogotá Región y la Fundación para el Estado de Derecho advierten que las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) violan la constitución y amenazan la autonomía territorial.

Hoy, el 82,7% del territorio está bajo restricciones centralizadas que vacían las competencias de alcaldías y concejos, amenazando la autonomía territorial, la propiedad privada y la libertad de empresa.

Pedimos a la Corte Constitucional garantizar la supremacía de la Constitución y al Congreso tramitar un marco que armonice la protección ambiental, la seguridad alimentaria y el desarrollo productivo.