Contexto

El proyecto Una apuesta por la competitividad en la región del Catatumbo, que desarrolla el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga con apoyo de la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina -, tiene como propósito contribuir a la formulación de políticas públicas orientadas a promover la competitividad y el desarrollo sostenible de este territorio, en el que confluyen grandes desafíos institucionales y sociales con importantes oportunidades de crecimiento y bienestar.

El Catatumbo es una región de selva húmeda tropical ubicada al nororiente de Colombia, que agrupa 11 municipios del departamento de Norte de Santander. Su abundante capital en materia de recursos naturales, especialmente hídricos, la ubica como una de las zonas de mayor potencial productivo en el país. Sin embargo, los altos niveles de conflictividad social en torno a la ocupación y uso del suelo y el precario control territorial por parte del Estado, particularmente en las áreas rurales, se han constituido en factores que han impactado negativamente el progreso de la región.

En gran medida, la debilidad institucional para la planificación del territorio y la ausencia de una orientación clara sobre el modelo de desarrollo, consistente con el potencial productivo y la riqueza ecológica y ambiental de la región, se ha convertido en una fuente permanente de conflicto. Por un lado, persiste un precario acceso integral a la tierra, así como procedimientos informales para la regulación de la propiedad. Por otro lado, coexisten diversas figuras de ocupación territorial cuyas áreas de delimitación se superponen entre sí y, en consecuencia, se superponen con el uso del suelo para la realización de diferentes actividades económicas. Estas dinámicas, a su turno, han impedido una dinámica económica que se refleje en el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida, especialmente de la población rural.

La conflictividad asociada al ordenamiento u uso de la tierra resulta aún más crítica dada la fuerte presencia de economías criminales y de grupos armados ilegales en disputa por el control territorial. Históricamente, la precaria capacidad de las instituciones para garantizar la vigencia del Estado de Derecho en la regulación de las relaciones sociales y la actuación bajo normas legales, ha dado lugar a diversas manifestaciones de violencia y amenazas a la seguridad física. Una vez más, estas circunstancias incrementan la vulnerabilidad social y económica de gran parte de la ruralidad, y se presentan como un obstáculo para la operación económica legal, que trata de abrirse paso en un ambiente adverso al desarrollo empresarial. Como resultado de estas problemáticas, gran parte de los municipios de la región alcanzan niveles superiores al 73% en indicadores como el Índice de Pobreza Multidimensional. (1)

Algunas de estas circunstancias están siendo enfrentadas por diferentes sectores económicos que, pese a operar en un escenario que dificulta la inversión, vienen promoviendo iniciativas que han arrojado resultados positivos en términos de desarrollo y bienestar. Entre ellas, se destacan el modelo de alianzas productivas del cultivo de la palma de aceite, que propicia la integración de la pequeña agricultura y la agroindustria, disminuyendo los costos de producción y facilitando la comercialización. Otras cadenas productivas como la del cacao y el arroz han fomentado procesos de transformación para el desarrollo de productos con valor agregado, generando esquemas de asociatividad y la apertura de nuevas rutas de comercialización, respectivamente.

En este sentido, en un contexto donde se combinan potencialidades de orden económico, social y ambiental con complejidades que tienen en los altos niveles de pobreza y vulnerabilidad su expresión más visible, resulta indispensable promover una discusión en torno de rutas que contribuyan al fortalecimiento de la competitividad de la región, a partir de tres ejes centrales: (i) el ordenamiento territorial y el uso de la tierra; (ii) la seguridad física y el control territorial y (iii) las apuestas productivas.

(1) A pesar del panorama descrito, existen iniciativas desde el Estado y el sector privado, que se presentan como ventanas de oportunidad para promover el desarrollo social y productivo de la región. En este sentido, cabe resaltar los avances del gobierno nacional en la implementación del Conpes 3739, cuyo propósito es abordar una serie de problemáticas históricamente desatendidas como son el ordenamiento de la propiedad, la asistencia técnica, el mejoramiento de la infraestructura y el mantenimiento y construcción de redes de acueducto y alcantarillado. Otros programas estatales como los de Consolidación Territorial, la sustitución de cultivos ilícitos – Plan Antidrogas – (2015) y protección de la biodiversidad – enmarcada en la Agenda de Desarrollo Post-2015, también están en curso.

Objetivos

- Evaluar los desafíos y oportunidades identificados - ordenamiento territorial y uso del suelo, seguridad física y control territorial y apuestas productivas - y validar su pertinencia en el propósito de diseñar una hoja de ruta orientada a fortalecer la competitividad en el Catatumbo.

- Identificar recomendaciones de política pública que permitan contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social de la región del Catatumbo, a partir del fortalecimiento institucional y del impulso a la competitividad.

- Analizar el rol de diferentes actores políticos, económicos y sociales con incidencia en la región, en la formulación de propuestas de política que vinculen de manera integral al territorio, especialmente al campo.

Preguntas orientadoras

- ¿Cuáles son las iniciativas de política pública prioritarias para avanzar en la vigencia del Estado de Derecho y en la transformación de las potencialidades ambientales, agropecuarias y minero-energéticas del Catatumbo en ventajas competitivas?

- ¿Qué tipo de actividades económicas pueden contribuir a la promoción de la competitividad y el desarrollo económico de la región del Catatumbo, basadas en la protección al medio ambiente y la generación de cadenas de valor compartido?

Las anteriores preguntas no son taxativas ni excluyentes. Están encaminadas a ofrecer un marco para la discusión, sin que ello signifique que los participantes no puedan plantear consideraciones adicionales.

El debate se regirá por la regla Chatham House, según la cual los participantes podrán invocar los principios de reserva, no identificación y no atribución.

Para más información acerca del alcance del Chatham House Rule, consultar:
www.chathamhouse.org/about/chathamhouse-rule.

Agenda

Lugar
Auditorio, Instituto de Ciencia Política

Registro

Palabras de bienvenida

-Adriana Mejía Hernández, Directora Ejecutiva, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga

Instalación

-Jorge Mario Eastman, Investigador Asociado, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP)

Diálogo y discusión

Cierre y conclusiones