El Instituto de Ciencia Política y la Fundación Konrad Adenauer se han propuesto adelantar, durante 2017, el proyecto Hacia una economía social de mercado: Retos institucionales, empresariales y ciudadanos, que busca profundizar en la reflexión colectiva sobre los ajustes institucionales y las buenas prácticas cuya implementación es requerida para consolidar el Estado de Derecho, facilitar el ejercicio de la iniciativa empresarial, mejorar la calidad del mercado laboral, potenciar las libertades económicas y avanzar en el desarrollo social sostenible. En ese orden de ideas, se propone trabajar en torno a tres ejes fundamentales: (i) regulación, competitividad y desarrollo; (ii) transparencia, pertinencia y eficiencia del gasto público; (iii) economías ilegales y desarrollo sostenible.

En desarrollo de este proyecto tendrá lugar una primera mesa de expertos el día 6 de abril de 2017. En ella se abordarán los desafíos que plantea la gobernanza de la participación social, la necesidad de contar con un marco regulatorio claro y adecuado y de incorporar buenas prácticas, con el fin de aprovechar el potencial que tiene la participación para hacer más constructivo, más eficiente y, en últimas, perfeccionar el relacionamiento entre el Estado, las empresas y las comunidades.

A lo largo de las últimas décadas, las democracias occidentales (y de un modo significativo, las democracias latinoamericanas) han hecho una apuesta sustancial por la apertura de espacios de participación ciudadana; no sólo en su dimensión política (democracia participativa) sino también en su dimensión social. Esto implica abrir al conjunto de los actores sociales (empresas, comunidades, grupos específicos) espacios para la deliberación y la discusión e, incluso, para la toma de decisiones, entre ellos y frente al Estado, sobre los asuntos y actividades concernientes a sus derechos y aquellos que puedan afectar sus legítimos intereses y su entorno inmediato.

Así entendida, la participación puede contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva, a reforzar la legitimidad de las decisiones y a estimular el diálogo plural entre los actores sociales y de éstos con el Estado. Pero ninguno de estos logros es un fin en sí mismo, sino que deben ser funcionales a la consolidación institucional, el desarrollo económico, y el progreso social.

En contraposición, la ausencia de reglas claras, la influencia de intereses políticos encubiertos, el riesgo de captura de la agenda de los interlocutores sociales por parte de terceros y el predominio de una cultura de la participación más vindicativa que propositiva, pueden terminar por convertir los procesos participativos en escenarios de conflicto entre el Estado, las empresas y las comunidades. Ello repercute negativamente en la gobernabilidad, la competitividad y la atractividad, desestimulando la actividad económica y, en últimas, afectando el bienestar económico y social.

Consolidar la gobernanza participativa a partir de parámetros claramente definidos y conducentes al crecimiento y al progreso social es, en la coyuntura que atraviesa el país, un imperativo tanto para las autoridades gubernamentales como para los empresarios y las comunidades. Entablar un diálogo constructivo entre las empresas y los actores locales, en un marco regulatorio adecuado y con el acompañamiento comprometido del Estado, en el cual los participantes asuman su vinculación como una responsabilidad, podría ofrecer dividendos para todos los involucrados. Las empresas ganarían legitimidad y capacidad de incidencia en el territorio donde operan, y las comunidades podrían mejorar la calidad de vida de sus habitantes gracias al aporte que la empresa puede hacer a la agenda de desarrollo . Este potencial depende, finalmente, de que el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, garantice la observancia de un marco normativo y regulatorio que ofrezca seguridad jurídica y no genere incentivos perversos.

[1] Schwab, K. (2016). The Global Competitiveness Report 2015-2016. Ginebra, Suiza: World Economic Forum.

[2] Transparencia por Colombia & Universidad Externado de Colombia (2015). Obtenido de http://www.uexternado.edu.co/esp/noticias/cuarta_encuesta.html (29.05.2016).

[3] El promedio ponderado del valor contractual que se paga de manera secreta para obtener una adjudicación en Colombia ascendería, según la encuesta, al 17,3%.

[4] Además, sólo el 4% de las empresas consultadas declaró llevar un registro contable exacto de sus contribuciones electorales.

Objetivos

- Analizar la responsabilidad del sector privado en la práctica de la corrupción, no sólo como contraparte del sector público sino también como escenario autónomo en el que se reproduce el fenómeno.

- Analizar la repercusión que tiene la corrupción de los privados en la ciudadanía corporativa, el ambiente para hacer negocios y la cultura de la legalidad en Colombia.

- Identificar buenas prácticas que, más allá de los marcos regulatorios existentes, fomenten la transparencia en las transacciones del sector privado.

Preguntas orientadoras

Se sugiere una discusión alrededor de los siguientes interrogantes:

- ¿Cómo interpretar la proliferación de escándalos de corrupción en el país (y la región latinoamericana) durante los últimos años?

- ¿Cuáles son los costos simbólicos y culturales de la corrupción y cómo afectan la iniciativa empresarial?

- ¿Cuál ha sido el impacto práctico de las regulaciones adoptadas durante los últimos años para enfrentar la corrupción?

- ¿Qué instrumentos de veeduría y auto-regulación pueden contribuir a hacer más efectivo el compromiso de los actores privados en la lucha contra la corrupción?

Estas preguntas no son taxativas ni excluyentes. Están encaminadas a ofrecer un marco para la discusión, sin que ello signifique que los participantes no puedan plantear consideraciones adicionales.

El debate se regirá por la regla Chatham House, según la cual los participantes podrán invocar los principios de reserva, no identificación y no atribución.

Para más información acerca del alcance de la Chatham House Rule, se puede consultar: www.chathamhouse.org/about/chathamhouse-rule

Agenda propuesta

Registro de asistentes

Palabras de bienvenida

- Adriana Mejía Hernández, Directora Ejecutiva del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga.

- Hubert Gehring, Representante de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia.

Presentación

- Andrés Molano-Rojas, Experto asociado del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y Profesor principal de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad del Rosario.

Intervenciones iniciales

- TBD

- TBD

Diálogo y Discusión

Moderador: Andrés Molano-Rojas, Experto asociado del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y Profesor principal de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad del Rosario.

Cierre y conclusiones