El Instituto de Ciencia Política y la Fundación Konrad Adenauer se han propuesto adelantar, durante 2017, el proyecto Hacia una economía social de mercado: Retos institucionales, empresariales y ciudadanos, que busca profundizar en la reflexión colectiva sobre los ajustes institucionales y las buenas prácticas cuya implementación es requerida para consolidar el Estado de Derecho, facilitar el ejercicio de la iniciativa empresarial, mejorar la calidad del mercado laboral, potenciar las libertades económicas y avanzar en el desarrollo social sostenible. En ese orden de ideas, se propone trabajar en torno a tres ejes fundamentales: (i) regulación, competitividad y desarrollo; (ii) transparencia, pertinencia y eficiencia del gasto público; (iii) economías ilegales y desarrollo sostenible.
En esta mesa de expertos se pretende propiciar una discusión sobre el impacto de la participación ciudadana en las condiciones de seguridad jurídica de las que dependen actividades productivas basadas en el aprovechamiento de los recursos naturales de manera responsable, y con un impacto positivo en el desarrollo económico y el progreso social.
La intervención directa de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones sobre los asuntos que les conciernen y afectan su entorno es, hoy por hoy, una regla general y ampliamente reconocida en las sociedades democráticas. Como consecuencia de lo anterior, se han multiplicado las instancias y los mecanismos de participación, no sólo en el plano político, sino también en el económico y cultural. En el caso de las comunidades étnicas y tribales, el derecho internacional y el derecho interno de Colombia reconocen explícitamente el derecho a la consulta previa.
Aunque la apertura de espacios adicionales de participación y el involucramiento de los ciudadanos en la toma de decisiones, pueden contribuir a la legitimidad de las mismas, al fortalecimiento del capital social y a la rendición de cuentas, también pueden tener un impacto negativo en la calidad de la gobernanza, especialmente en ausencia de reglas claras y adecuadas sobre la naturaleza y alcance de estos procedimientos, y sobre la responsabilidad de cada uno de los actores que intervienen en ellos. Lo anterior reviste una particular importancia cuando se trata del aprovechamiento de los recursos naturales en los territorios.
En efecto, el crecimiento económico y la generación de progreso social requieren un entorno favorable para la ejecución de actividades productivas. Ello supone tanto condiciones satisfactorias de seguridad jurídica proveídas por el Estado, como el relacionamiento constructivo con las comunidades y el ejercicio de la buena ciudadanía corporativa, en aras del desarrollo sostenible. Con alguna frecuencia, sin embargo, estos supuestos quedan en entredicho como resultado del abuso de los mecanismos de participación, de la desviación de sus objetivos y de su captura por parte de grupos de interés específicos, de la negligencia estatal, de los cambios y la improvisación en las reglas de juego, y de la ausencia de un debate serio y responsable.
Cuando esto ocurre, se desestimula la inversión productiva en los territorios, se pervierte la naturaleza del derecho a participar, se afectan tanto la competitividad como la atractividad de la economía nacional y se priva a las comunidades de oportunidades reales de progreso social; al tiempo que, impidiendo o haciendo demasiado onerosa la actividad empresarial, se pone en riesgo el aprovechamiento sostenible y legal de los recursos humanos y naturales.