Contexto

El Instituto de Ciencia Política y la Fundación Konrad Adenauer se han propuesto adelantar, durante 2017, el proyecto Hacia una economía social de mercado: Retos institucionales, empresariales y ciudadanos, que busca profundizar en la reflexión colectiva sobre los ajustes institucionales y las buenas prácticas cuya implementación es requerida para consolidar el Estado de Derecho, facilitar el ejercicio de la iniciativa empresarial, mejorar la calidad del mercado laboral, potenciar las libertades económicas y avanzar en el desarrollo social sostenible. En ese orden de ideas, se trabaja en torno a tres ejes fundamentales: (i) regulación, competitividad y desarrollo; (ii) transparencia, pertinencia y eficiencia del gasto público y (iii) economías ilegales y desarrollo sostenible.

El Estado es un gran consumidor y recaudador de recursos. Estos recursos son captados por el aprovechamiento directo o indirecto de los recursos naturales sujetos al dominio eminente del Estado, y también por la vía de la tributación. Según el “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe” de 2017, elaborado por la CEPAL, en el caso del Estado colombiano, la presión fiscal (el porcentaje del PIB nacional que corresponde al recaudo tributario) en 2016 fue del 18,1% del PIB. Debe destacarse, además, que en Colombia, la mayor parte de la carga tributaria —cerca del 80%— recae sobre las empresas. De hecho, “la tarifa total de renta de las sociedades, que hoy es de 40% y se espera crezca hasta el 43% en 2018, es la más elevada de América Latina, muy superior al promedio de los países de la OCDE” ; y cerca de tres cuartas partes de las ganancias de las empresas se destinan al pago de impuestos (tasa efectiva de tributación sobre utilidades). Este escenario afecta significativamente la competitividad, enrarece el clima de negocios, y lastra la generación de nueva riqueza a través de la iniciativa privada, todo lo cual repercute negativamente en el progreso social y el mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos.

En el adecuado uso de los recursos públicos influyen diversos factores, algunos de los cuales vale la pena destacar explícitamente. En primer lugar, el marco institucional (reglas claras, estables y razonables; organización eficiente del Estado; coordinación entre agencias y niveles territoriales; procedimientos óptimos para la toma de decisiones; e instrumentos efectivos de publicidad y auditoría) . En segundo lugar, el compromiso y liderazgo de las autoridades y los funcionarios, y en particular de quienes diseñan la política pública, ordenan el gasto y ejecutan el presupuesto; e incluso, de servidores públicos como los jueces, que deben dimensionar el impacto económico y presupuestal de sus decisiones. Y finalmente, el involucramiento de la ciudadanía, tanto personas naturales como jurídicas, a través de los mecanismos e instancias previstos en la ley y mediante iniciativas autónomas, en la observación y el escrutinio sobre el empleo de los recursos públicos, por el cual las autoridades están obligadas a rendir cuentas ante la sociedad.

Uno de los principios del Estado de Derecho es que no hay tributación sin representación. Un corolario necesario de este principio implica que no debe haber tributación sin rendición de cuentas. Su exigencia es no sólo un derecho, sino un deber al que no pueden ser ajenas las empresas, no sólo por razones de buena ciudadanía corporativa, sino porque no pueden ser indiferentes al destino que se da a los recursos de los cuales son principales contribuyentes. Este es, además, un esfuerzo al que deben concurrir también otros actores sociales, en aras de construir una mejor gobernanza de lo público, orientada efectivamente hacia el crecimiento económico y el progreso del conjunto de la sociedad.

Objetivos

- Analizar el impacto que tiene en la competitividad y la atractividad del país la carga tributaria que sufragan las empresas actualmente en Colombia.
- Identificar las herramientas de las que puede disponer el sector empresarial, como parte activa de la sociedad, para intervenir en los procesos de orientación presupuestal y de rendición de cuentas por el uso de los recursos públicos.
- Identificar oportunidades para la articulación de iniciativas entre la empresa privada y otros actores sociales para el control y la exigencia de rendición de cuentas por el uso de recursos públicos.

Preguntas orientadoras

Se sugiere una discusión alrededor de los siguientes interrogantes:

- ¿Cómo afecta la carga tributaria el clima de negocios y para la inversión en Colombia, y qué impacto cabe esperar en ese sentido de la aplicación de la más reciente reforma tributaria (Ley 1819 de 2016)?
- ¿Qué estrategias debe implementar el sector empresarial para incidir en una mejor orientación del gasto público y en procesos más eficaces de rendición de cuentas por el uso de los recursos del erario?
- ¿Qué tipo de sinergias pueden construir la empresa privada y otros actores sociales a la hora de demandar la rendición de cuentas por el empleo de los recursos públicos?

Estas preguntas no son taxativas ni excluyentes. Están encaminadas a ofrecer un marco para la discusión, sin que ello signifique que los participantes no puedan plantear consideraciones adicionales.

El debate se regirá por la regla Chatham House, según la cual los participantes podrán invocar los principios de reserva, no identificación y no atribución.

Para más información acerca del alcance de la Chatham House Rule, se puede consultar: www.chathamhouse.org/about/chathamhouse-rule