realización de Consulta Previa con Comunidades Étnicas” y el Decreto 2613 de 2013, “Por el cual se adopta el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Consulta Previa”.

Sin desconocer estos logros, se hace necesario evidenciar los desafíos que siguen presentándose en los procesos consultivos con el ánimo de progresar hacia la correcta implementación de este derecho. Tal vez el principal imperativo en esa dirección consiste en la necesidad de que el Estado, a través de la Dirección de Consulta Previa, asuma de manera directa el rol que le corresponde en dichos procesos y ejerza, por un lado, el papel de garante de los derechos de las partes involucradas y por el otro, las funciones regulatorias que las partes demandan. Abandonar estas responsabilidades conlleva a que los procesos se vean amenazados por diversos tipos de riesgos, entre otros, la injerencia indebida de terceros interesados en minar la confianza entre las partes y obtener beneficios particulares, aprovechando la ausencia de regulación y control por parte del Estado.

Otro desafío importante tiene que ver con la inseguridad jurídica que enfrentan los privados ante la inexistencia de una Ley Estatutaria que regule la consulta previa de manera comprensiva. En este contexto, los conflictos suelen dirimirse en los escenarios judiciales, donde no aplican criterios uniformes a la hora de tomar las decisiones, que además suelen estar precedidas por largos periodos de incertidumbre.

Por otra parte, el Estado debe atender, con sentido de urgencia, la deuda histórica de necesidades básicas insatisfechas que tiene con las comunidades étnicamente diferenciadas. Esto ayudaría a transformar los espacios de consulta previa, convirtiéndolos en verdaderos escenarios de participación y no en oportunidades excepcionales para exigir la presencia del Estado en sus territorios, o subsanar los déficits en materia de garantía de derechos sobre los bienes y servicios públicos de los que adolecen las comunidades.

Adicionalmente, es necesario avanzar hacia el fortalecimiento institucional y de representatividad de las comunidades, en especial de las comunidades afro colombianas. En efecto, a la fecha no ha sido posible concluir la constitución de la Comisión Consultiva de Alto Nivel, instancia de interlocución con el Gobierno sobre cuya conformación se han presentado dificultades que no han sido superadas. Este tema no es menor, pues afecta de manera crítica temas como la legitimidad y la credibilidad entre los miembros de la comunidad.

Por último, se ha identificado la necesidad de construir una pedagogía orientada a des-estigmatizar el proceso de consulta y posicionarlo en la agenda, tanto pública como privada, como un tema prioritario. Las organizaciones de la sociedad civil y la academia pueden convertirse en actores clave en el cumplimiento de estos propósitos, así como en la identificación de puntos de convergencia que permitan desarrollar la discusión en aspectos concretos y construir una nueva narrativa en torno a la consulta previa.

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga ha trabajado en esa dirección durante los últimos años, a través del desarrollo de tres investigaciones que han tenido el objetivo de aportar elementos analíticos y construir propuestas sobre la implementación de la consulta previa en Colombia y, de esa manera, promover un debate informado y objetivo en esta materia. Un aliado clave en estas iniciativas ha sido Americas Quarterly, publicación que, de la mano con varios expertos y organizaciones locales de Chile, Guatemala, Colombia y Perú, presentó una edición especial titulada “The Perils and Promise of Consulta Previa” en la primavera de 2014.

A fin de darle continuidad a este trabajo en Colombia, el ICP y Americas Quarterly desarrollan actualmente una investigación que busca analizar las capacidades del Estado para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en virtud del Convenio 169 de la OIT. Como parte de este proyecto, se llevará a cabo una mesa de expertos el próximo 15 de octubre, que será moderada por el ex Presidente de la Corte Interamericana Diego García-Sayán y cuyo enfoque y agenda se exponen a continuación.