El Instituto de Ciencia Política y la Fundación Konrad Adenauer se encuentran adelantado, durante 2017, el proyecto Hacia una economía social de mercado: Retos institucionales, empresariales y ciudadanos, que busca profundizar en la reflexión colectiva sobre los ajustes institucionales y las buenas prácticas cuya implementación es requerida para consolidar el Estado de Derecho, facilitar el ejercicio de la iniciativa empresarial, mejorar la calidad del mercado laboral, potenciar las libertades económicas y avanzar en el desarrollo social sostenible. En ese orden de ideas, se trabaja en torno a tres ejes fundamentales: (i) regulación, competitividad y desarrollo; (ii) transparencia, pertinencia y eficiencia del gasto público y (iii) economías ilegales y desarrollo sostenible.

La iniciativa empresarial organizada formalmente, y desarrollada conforme a la ley en un entorno institucional y social adecuado, genera una serie de beneficios para la sociedad, y es responsable ante las autoridades estatales, ante los consumidores y ante la opinión pública en general por la forma en que son llevadas a cabo sus actividades.

Entre los beneficios que pueden derivarse de la acción empresarial se encuentran la generación de nueva riqueza; la contribución al erario por la vía de la tributación; la demanda de empleo digno y de calidad; el respeto de las normas vigentes en materia de derechos laborales, calidad de la producción y sostenibilidad ambiental; la promoción de la innovación; y la generación de valor compartido. Por el contrario, las distintas formas de “economía subterránea” —la sumatoria de actividades informales (incluyendo aquellas laborales, empresariales y de simple evasión-elusión tributaria) y de emprendimientos criminales organizados— no ofrecen esos beneficios, y más bien, agravan problemas ya existentes y provocan otros nuevos, con costos importantes para el conjunto de la sociedad.