Contexto

El Congreso de la República resultante de los comicios del pasado 11 de marzo parece tener tres características fundamentales: i) una alta fragmentación partidista; ii) una leve inclinación hacia la derecha del espectro político —sin que ello presuponga necesariamente una convergencia por defecto en todos los temas; y iii) la irrupción de nuevas fuerzas políticas (incluyendo el partido derivado de las FARC). Por otro lado, el “Estatuto de la oposición política y algunos derechos de las agrupaciones políticas independientes”, adoptado en 2017 mediante el procedimiento legislativo especial para la paz, y declarado parcialmente exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C–018 de 2018, tiene el potencial de incidir en la dinámica política nacional, y por extensión, también en las dinámicas parlamentarias. Adicionalmente, hay que tener en cuenta el papel que Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial, Ángela Robledo, podrían jugar en el Congreso, de conformidad con lo dispuesto en el Acto Legislativo 02 de 2015.

Lo anterior, sumado a la necesidad de tramitar por vía legislativa iniciativas relacionadas con asuntos particularmente importantes y sensibles para el futuro del país (como la reforma fiscal; a la justicia; al sistema pensional y al ordenamiento territorial, entre otras), definirá el relacionamiento Ejecutivo-Legislativo, y plantea importantes desafíos en materia de gobernabilidad congresional, eficacia gubernamental, transparencia, e independencia y colaboración armónica de las ramas del poder público.