Bogotá D.C., 16 de agosto de 2018

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y la Fundación Konrad Adenauer adelantan, durante 2018, el proyecto Calidad institucional: Fundamento del desarrollo económico y el progreso social, que busca contribuir, mediante la deliberación pública y el diálogo intersectorial, al análisis de los desafíos que enfrenta Colombia en materia de calidad institucional, y que pueden afectar el desarrollo económico y las perspectivas de progreso social. En ese orden de ideas, se trabaja en torno a tres ejes fundamentales: (i) calidad normativa y seguridad jurídica; (ii) calidad de la acción gubernamental y (iii) implicaciones y desafíos políticos y económicos derivados de la implementación del Acuerdo suscrito entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC en noviembre de 2016.

Contexto

El 17 de octubre de 2012, con ocasión del lanzamiento formal de las negociaciones con la guerrilla de las FARC en Oslo, el jefe del equipo negociador del Gobierno Nacional, Humberto de la Calle Lombana, aseguró: “Ni el modelo de desarrollo económico que tiene Colombia en la actualidad, ni el régimen jurídico que ampara la propiedad privada, ni el modelo de inversión extranjera vigente en el país, ni la doctrina militar, serán parte de la negociación de paz entre el Gobierno y las FARC”. No obstante lo anterior, y habiendo transcurrido ya más de 18 meses, resulta evidente que la implementación del Acuerdo Final suscrito con esa organización ha implicado ajustes institucionales e introducido nuevas figuras jurídicas, agencias y procedimientos de toma de decisiones, y generado un ambiente político, económico y social, con el potencial de afectar las condiciones para el desarrollo económico y las perspectivas de progreso social en el país.

En efecto: más allá de las ambiciosas y acaso necesarias metas en materia de reforma rural integral, la implementación del Acuerdo Final ha abierto interrogantes sobre la seguridad jurídica y la preservación de los derechos adquiridos en la ruralidad; la proliferación de mecanismos de participación y su alcance en torno a la definición de los modelos de desarrollo económico y ordenamiento territorial; la articulación entre las distintas entidades, autoridades e instancias a las que se asignan competencias para la ejecución material del Acuerdo; la hipertrofia normativa mediante la que se viene realizando la implementación; y por último, pero no menos importante, sobre el impacto en materia económica, social y de seguridad del incremento sin precedentes de los cultivos ilícitos en Colombia, registrado con ocasión del mismo Acuerdo Final.

No está por demás señalar que para sufragar la implementación del Acuerdo Final el Estado colombiano tendrá que hacer un enorme esfuerzo fiscal que, a la postre, recaerá sobre los contribuyentes. En un estudio temprano —cuyas previsiones deben ser por lo tanto revisadas—, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) advirtió que la implementación del Acuerdo Final acarrearía costos presupuestales “inmediatos” del 2.23% del PIB por año durante el próximo quinquenio, mientras que los costos de sostenibilidad del posconflicto (vías terciarias, elementos de créditos rurales y de educación, etc.), agregarían otro 3% del PIB por año, lo que supondría un aumento en la presión fiscal del 2,7% del PIB en 2018 y cerca del 4,8% en 2020.

Todo lo anterior afecta el clima para los negocios en la ruralidad, incide en las perspectivas de inversión, y por lo tanto, condiciona el panorama económico, no sólo en los territorios sino a escala nacional. Considerar esta realidad es requisito imprescindible para hacer el balance de la implementación del Acuerdo Final, identificar los ajustes necesarios, y sentar las bases para transformar lo que hasta ahora ha sido una “política de gobierno” en una verdadera “política de Estado” que apuntale, de manera sostenible, el fortalecimiento institucional, el desarrollo económico y el progreso social.