El 3 de febrero tuvo lugar una tertulia convocada por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y la Corporación Excelencia en la Justicia sobre el borrador del acuerdo de justicia y víctimas divulgado el 15 de diciembre de 2015 por la mesa de conversaciones de La Habana.

La discusión se abrió con una presentación del doctor Juan Carlos Henao, miembro de la comisión de expertos encargada de la composición y redacción del acuerdo, cuyo núcleo es la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

A lo largo del debate se hizo evidente, una vez más, la complejidad del mecanismo de justicia transicional. Aunque se trata de un avance de la mayor importancia en la negociación para la terminación del conflicto, el acuerdo genera tantas expectativas como incertidumbres, acentuadas estas últimas por el hecho de que aún hay temas que siguen pendientes de definir o que admiten un margen considerable de interpretación.

Los asistentes manifestaron su preocupación frente a temas como:

• La determinación de la competencia temporal y la vigencia de la JEP.
• El procedimiento de selección de los magistrados que habrán de integrarla.
• La articulación de la JEP con la justicia ordinaria.
• Las condiciones de efectivo cumplimiento de penas, y la relación entre éstas y las medidas de justicia restaurativa.
• La aplicación de la justicia transicional a terceros, y el aprovechamiento que de ella puedan hacer delincuentes comunes para obtener un tratamiento privilegiado.
• El grado en que la implementación del acuerdo requerirá una reforma constitucional y no simplemente la adopción de una normativa particular por la vía del procedimiento especial que para tal efecto se adopte.
• La adecuación de los procedimientos y sanciones, ya definidos o por definir en el futuro, con los estándares de la justicia penal internacional.
• La necesidad de asegurar la participación de las víctimas, de una forma universal y equilibrada, en los procesos a cargo de la JEP.

Algunas de estas inquietudes podrían ser todavía abordadas por la mesa de La Habana, dado que el acuerdo sigue siendo un “borrador”, perfectible antes de convertirse en definitivo. Sin embargo, de no resolverse, podrían afectar la eficacia, funcionalidad y legitimidad del mecanismo de justicia transicional luego de su implementación.

En un aspecto tan sensible de la negociación y del posconflicto, es imprescindible que el Gobierno mantenga abiertos los canales de diálogo con los diversos sectores sociales. No sólo para hacer “pedagogía” sino para atender preocupaciones legítimas y construir el consenso necesario para darle sostenibilidad al acuerdo en el futuro.

[1] “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y Compromiso sobre Derechos Humanos