Se trata de una tarea pendiente desde hace tiempo y que tiene que ver con la capacidad del Estado para cumplir sus funciones esenciales en todo el territorio nacional de manera eficiente y sostenible.
No hay nada novedoso ni desconocido en los próximos diálogos Gobierno-ELN. Básicamente, se han retomado anteriores elementos de negociación.
La legislatura 2015 - 2016 se ha desarrollado en medio de sucesos relacionados con los diálogos de La Habana, entre ellos, la eventual adopción de un modelo de justicia transicional para Colombia.
La presión y el respaldo internacional no son determinantes para decidir una fecha final para los diálogos.
El Gobierno no puede dejar en manos de las FARC la “pedagogía de la paz” en las zonas de influencia de esa organización ni convertirse en convidado de piedra de su proselitismo armado sobre el proceso.
El aporte de las empresas a la paz no debe limitarse a la vinculación laboral de personas reintegradas o a pagar más impuestos para financiar el postconflicto.
La crisis de representatividad, la pérdida de legitimidad de las instituciones y la corrupción, vuelven a ocupar un lugar preponderante en el inventario de riesgos políticos en la región.
La incompatibilidad sobre el asunto del tiempo límite para culminar los diálogos no es necesariamente un elemento sustancial de la negociación.
El acuerdo final al que se llegue con las FARC, más que un punto de llegada, será un punto de partida.
El compromiso por un congreso abierto y transparente En el año 2011 apareció en el escenario internacional la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), también conocida por sus siglas en inglés como el Open G
La COP21 se consideró una última oportunidad para que los países suscribieran un pacto que permitiera contrarrestar el impacto del cambio climático sobre la vida en el planeta.
¿Cuáles son las opciones existentes de refrendación, y cuáles son sus alcances y limitaciones? ¿Hasta dónde rompe el Acto Legislativo propuesto el equilibrio de los poderes públicos?
