Bogotá D.C., 14 de junio de 2018

Contexto

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y la Fundación Konrad Adenauer adelantan, durante 2018, el proyecto Calidad institucional: Fundamento del desarrollo económico y el progreso social, que busca contribuir, mediante la deliberación pública y el diálogo intersectorial, al análisis de los desafíos que enfrenta Colombia en materia de calidad institucional, y que pueden afectar el desarrollo económico y las perspectivas de progreso social. En ese orden de ideas, se trabaja en torno a tres ejes fundamentales: (i) calidad normativa y seguridad jurídica; (ii) calidad de la acción gubernamental y (iii) implicaciones y desafíos políticos y económicos derivados de la implementación del Acuerdo suscrito entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC en noviembre de 2016.

La Constitución Política de 1991 define a Colombia como “un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales […]” (Art. 1). Ese principio fundamental supone un enorme desafío en términos de diseño, desarrollo y funcionalidad institucional. En efecto, resulta difícil armonizar todas esas características, definir sus alcances e implicaciones, y hacerlas operativas sobre el terreno. Reflejo de estas dificultades es el hecho de que la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial tardara 20 años (y 19 intentos fallidos) para ser expedida. Por otro lado, la Ley 1453 de 2011, finalmente adoptada, no ha terminado de aclarar el panorama del ordenamiento territorial en Colombia. En consecuencia, persisten deficiencias normativas que afectan la adecuada articulación entre los distintos niveles de la acción gubernamental, generan conflictos de competencia, suplidas por vía jurisprudencial, y dificultan la distribución y el empleo razonable de los recursos públicos.

Todo ello compromete las perspectivas del desarrollo territorial, la competitividad, la credibilidad y la legitimidad del Estado como instancia de regulación, agente del cumplimiento de la ley, y proveedor eficiente de bienes y servicios públicos. Si bien es cierto que “entre 2003 y 2017, 6,6 millones de personas salieron de su condición de pobreza monetaria, de las cuales 2,8 millones salieron de pobreza extrema [y que] aún más importante, 11,9 millones de personas salieron de pobreza multidimensional, la cual incluye privaciones en educación, salud y vivienda y servicios públicos, todos los cuales constituyen competencias de las entidades territoriales”, no es menos cierto que el camino por recorrer aún es largo. Así lo muestra el más reciente Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad de 2017 que contiene el Índice de Equidad Territorial. En este, Colombia es uno de los países con mayores índices de inequidad territorial.

Durante los próximos años el país deberá abordar un debate serio sobre su modelo de ordenamiento territorial que construya sobre los logros alcanzados hasta ahora, y contribuya a la realización de los ajustes institucionales requeridos para hacer del ordenamiento territorial un instrumento para el perfeccionamiento de la acción gubernamental y el fortalecimiento del Estado de Derecho, y para impulsar el desarrollo económico y la reducción de las asimetrías que presenta el país en materia de progreso social. El ingreso de Colombia en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ofrece oportunidades e incentivos para adelantar este debate e impulsar las reformas pertinentes.