Bogotá D.C., 9 de agosto de 2018

Contexto

En los últimos años, el contrabando ha planteado un desafío permanente para las autoridades y las industrias legales a ambos lados de la frontera colombo-ecuatoriana. En este lugar las bandas de contrabandistas explotan constantemente los diferenciales de precios que surgen en todo tipo de productos. Como consecuencia de un incremento significativo de los impuestos a los cigarrillos en Ecuador, se generó una brecha importante de precios con respecto a Colombia, que ha sido aprovechada por las redes contrabandistas. En efecto, desde el 2016 la prevalencia del cigarrillo de contrabando en Ecuador ha aumentado hasta llegar a 53% en 2017 (MSIntelligence, 2017).

El contrabando es un fenómeno criminal que no solo afecta a las industrias legales que producen los bienes que se ingresan y venden ilegalmente. Al igual que otras economías criminales, la venta de cigarrillos ilegales es una actividad que está controlada por actores al margen de la ley (Fundación Ideas para la Paz, 2016). Por ejemplo, en Colombia, las FARC, el ELN y los Paramilitares, entre otras organizaciones criminales han utilizado el contrabando de tabaco para repatriar, multiplicar y blanquear el dinero procedente de actividades como el narcotráfico, la extorsión y el contrabando de gasolina (El Tiempo, 2014).

En términos normativos, en Colombia la lucha contra el contrabando se ha enfrentado a diferentes barreras, dentro de las cuales se encuentran la falta de articulación o coordinación entre las entidades de control y el reducido interés en judicializar este delito. Pese a que en Colombia se han logrado altos niveles de aprehensiones físicas de cigarrillos, la judicialización ha sido inoperante. Asimismo, los esfuerzos normativos para mitigar el contrabando han sido insuficientes, como es el caso de la Ley Anti-Contrabando (Ley 1762 de 2015), que no generó los mecanismos necesarios para aumentar la probabilidad de ser judicializado por este delito. Las cifras del 2017 del INPEC confirman esta realidad: tan solo 13 personas se encontraban en condición de sindicados o condenados por el delito del contrabando y de estos, únicamente 4 estaban privadas de su libertad en un establecimiento penitenciario. Por el contrario, en Ecuador la probabilidad de condena es mayor y el proceso de judicialización es más eficaz.