Contexto

Según el artículo 22 la Constitución Nacional, la paz “es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Sin embargo, el Estado colombiano ha tenido que enfrentar a lo largo de su historia conflictos y levantamientos violentos por parte de grupos armados ilegales con diversos intereses y matices ideológicos. En más de una oportunidad, Colombia ha apostado por la solución política a la confrontación entre el Estado y dichos grupos, y varias de estas apuestas en el pasado resultaron en el efectivo desarme, desmovilización y reintegración de las organizaciones armadas ilegales. Con el fin de que un proceso de esta naturaleza resulte en una paz verdadera y estable, aquel debe conducir al fortalecimiento y perfeccionamiento de las instituciones encargadas de garantizar la convivencia civil, democrática y pluralista, bajo el imperio de la ley y con el respeto pleno y efectivo de las libertades y los derechos fundamentales.

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto firmado por el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC creó y ha puesto en marcha unas modificaciones institucionales de innegable impacto en el Estado de Derecho y el funcionamiento del sistema político. Dentro de estos ajustes cabe señalar la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI); la creación de un régimen excepcional para la participación política del partido FARC; el establecimiento de un Sistema Integral de Verdad Justicia y Reparación (SIVJR) que ha empezado a operar sin estar plenamente reglamentado; y finalmente, sin agotar el inventario, se han configurado distintos instrumentos de planeación y múltiples instancias de participación en materia de reforma rural integral cuyo impacto en la articulación interagencial y territorial, y en las condiciones para la actividad económica en la ruralidad, suscita incertidumbre.

En este escenario, y dadas las dificultades que viene afrontando el proceso de implementación del Acuerdo Final, derivados —entre otros factores— de problemas de diseño del Acuerdo mismo, a la falta de claridad en la priorización de objetivos y en la identificación de los recursos disponibles y necesarios para alcanzarlos, o a las deficiencias en la dirección y la gestión de su ejecución material sobre el terreno – para no hablar del incremento exponencial en el área cultivada de coca durante los últimos tres años –, resulta pertinente hacer un balance sobre el impacto institucional de la implementación, con el fin de contribuir a la identificación de los desafíos que tendrá que asumir el nuevo gobierno y la forma en que el sector privado y la ciudadanía podrían contribuir positivamente a su abordaje.