Desde su publicación en septiembre de 2014, los textos de los Acuerdos alcanzados en la Mesa de Conversaciones para la Terminación del Conflicto que se desarrolla en La Habana, han sido objeto de diversos análisis, en particular desde una perspectiva política. Sin embargo, poco se ha estudiado su contenido desde el punto de vista económico, es decir, el alcance de los objetivos y los eventuales impactos de la implementación de las disposiciones acordadas en el modelo de negocios de las empresas vinculadas a la explotación de los recursos naturales en las zonas rurales.

Con el ánimo de contribuir a la construcción de una agenda compartida de empresas y construcción de paz, la Fundación Ideas para la Paz y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, desarrollan un proyecto que pretende, entre otros objetivos, lograr una mejor comprensión de estos alcances e impactos. Se procura, de esta manera, dar inicio a una discusión sobre los desafíos y oportunidades que se derivarían de la eventual firma e implementación de los Acuerdos y, de manera paralela, identificar capacidades que tanto las empresas como el Gobierno deberían desarrollar para operar en un marco de claridad y seguridad jurídica que sea propicio para la inversión.

Esta iniciativa se adelanta con un enfoque particular sobre aquéllas regiones en las que se presume habrá un mayor impacto de la implementación de los Acuerdos, según el contenido de los textos hechos públicos por la Mesa de Conversaciones.

La región de la Altillanura

En el caso de la Altillanura, el eventual escenario de postconflicto se suma a los desafíos estructurales que ha enfrentado la región derivados de la ausencia histórica de presencia y control territorial por parte del Estado. En este extenso territorio, que ocupa casi un tercio del total nacional, se encuentra un importante número de municipios que, por sus características, resultarán priorizados en el proceso de implementación de los Acuerdos. No obstante, la ejecución de políticas, planes y programas deberá considerarse no sólo a la luz de la capacidad de las instituciones locales para ponerlos en marcha, sino también de la compleja incertidumbre jurídica sobre los usos y los derechos de propiedad de la tierra, que es de lejos más aguda en esta región que en el resto del país. En contraste, se llama la atención sobre la relevancia y enorme potencial de la Altillanura en sectores clave para el desarrollo nacional como la petroquímica y la agroindustria, y para la sostenibilidad ambiental, dada la presencia de 10 parques nacionales naturales en esta zona del país.

Temas propuestos

Con base en el análisis de los textos de los Acuerdos de la Habana y de entrevistas realizadas a dirigentes gremiales y empresarios que desarrollan sus actividades en la región de la Altillanura, se proponen los siguientes temas de discusión para la Mesa de Expertos:

• Seguridad física. Condiciones actuales y perspectivas. Impacto de la ausencia de control territorial por parte de las FARC en un eventual escenario de desmovilización y dejación de armas. Presencia de otros grupos armados. Dinámicas y riesgos de las economías criminales en la región.
• Derechos sobre la propiedad de la tierra e incertidumbre jurídica. Proceso de restitución de tierras.
• Ordenamiento Territorial e incertidumbre jurídica. Políticas e instancias de decisión sobre el uso del suelo, las zonas de reserva ambiental y la frontera agrícola. Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.
• Participación ciudadana y democracia directa. Impacto sobre la estabilidad en las reglas de juego. Representatividad de las comunidades.
• Capacidad institucional de los gobiernos municipales y departamentales para la implementación de los acuerdos y para conducir los procesos de participación ciudadana. Capacidad regulatoria y estabilidad en las reglas de juego.
• Efectos no deseados de los sistemas de subsidios. Eventuales incentivos perversos de las políticas y programas de reintegración social y económica a guerrilleros desmovilizados.