Según las declaraciones del Presidente de la República, el 23 de marzo del 2016 estará marcado en las agendas de los ciudadanos, las instituciones del Estado y la comunidad internacional como el día en el que se da inicio al postconflicto en Colombia. Esa fecha, por supuesto, es un referente simbólico, pues muchos de los esfuerzos que tendrán que ponerse en marcha para la implementación de los Acuerdos de La Habana irán orientados a la transformación de condiciones que han persistido en el país durante décadas.

Los Acuerdos formalizados en La Habana hasta la fecha se refieren, en efecto, a la necesidad de lograr avances significativos en materia de desarrollo rural, participación política y el problema de las drogas ilícitas, aspectos que han planteado desafíos considerables a la gestión de sucesivos gobiernos.

Desde su publicación en septiembre de 2014, los textos de los Acuerdos alcanzados han sido objeto de diversos análisis, en particular desde una perspectiva política. Sin embargo, poco se ha estudiado su contenido desde el punto de vista microeconómico, es decir, el alcance de los objetivos y los eventuales impactos de la implementación de las disposiciones acordadas en el modelo de negocios de las empresas vinculadas a la explotación de los recursos naturales en el territorio.

Con el ánimo de contribuir a la construcción de una agenda compartida de empresas y construcción de paz, la Fundación Ideas para la Paz y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, con el apoyo de EAFIT, desarrollan un proyecto que pretende, entre otros objetivos, lograr una mejor comprensión de estos alcances e impactos. Se procura, de esta manera, dar inicio a una discusión sobre los desafíos y oportunidades que se derivarían de la eventual firma e implementación de los Acuerdos y, de manera paralela, identificar capacidades que tanto las empresas como el Gobierno deberían desarrollar para operar en un marco de claridad y seguridad jurídica que sea propicio para la inversión.

Dado el enfoque territorial que caracteriza el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y el Logro de una Paz Estable y Duradera en Colombia, la presente fase del proyecto se desarrolla regionalmente, con un especial énfasis en aquéllos territorios donde se presume, de lo establecido en los textos acordados, que el impacto de su implementación será mayor.

Para cada región, se ha elaborado un documento de caracterización basado en información recogida de fuentes secundarias así como en entrevistas a gremios y empresarios con presencia en el territorio.

A través de la realización de la presente Mesa de Expertos, se pretende profundizar en la discusión sobre elementos contenidos en los acuerdos que, de ser implementados de manera literal, afectarían de diversas formas la manera de desarrollar ciertas actividades empresariales. Se espera, así, propiciar un diálogo mejor informado entre el gobierno y el sector privado sobre las condiciones en las que se materializará la construcción de la paz territorial desde el enfoque de uno de los actores con mayor capacidad de generación de riqueza, desarrollo y bienestar: las empresas.

Para el efecto, se proponen las siguientes preguntas orientadoras, las cuales no pretenden ser taxativas:

• Teniendo en cuenta la experiencia de la implementación de mecanismos de consulta como la consulta previa, ¿qué impacto se esperaría del establecimiento de nuevas instancias de participación ciudadana en los territorios, sobre diversas materias?
• ¿Qué tipo de capacidades regulatorias tendría que desarrollar el Estado para garantizar reglas claras y seguridad jurídica a las empresas que operan en las regiones?
• ¿Cómo afectarían las decisiones de inversión de las empresas potenciales riesgos jurídicos asociados a la propiedad de la tierra?
• ¿Cómo se puede hacer compatible el modelo de desarrollo rural basado en la agricultura familiar con la industrialización del campo?