La democracia nunca es una obra terminada. Por el contrario, su consolidación es el resultado de la articulación permanente de correctos diseños institucionales, adecuados sistemas de incentivos, buenas prácticas políticas arraigadas y una cultura política favorable y comprometida.

La Constitución de 1991 representó una evolución importante en el constitucionalismo colombiano y una apuesta por el Estado Social y Democrático de Derecho. No obstante, muchas
de las promesas de la Carta en materia de profundización de la democracia, fortalecimiento institucional y pleno imperio de la ley, siguen siendo tareas pendientes. En algunos aspectos,
incluso, ha habido un franco estancamiento o claros retrocesos.

La implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC supone un importante conjunto de ajustes en el ordenamiento
político colombiano. Algunos, como los relativos a la regulación del ingreso de los guerrilleros desmovilizados a la competencia política, son transitorios; pero no por ello puede subestimarse su impacto potencial para la democracia colombiana. Otros, como la adopción del Estatuto de la Oposición - un mandato previsto (y pendiente) desde 1991- están llamados a tener un efecto mucho más estructural y de larga duración en el sistema político.

Lo anterior hace tan oportuna como necesaria la reflexión pública sobre el significado que tiene la actual coyuntura para la democracia colombiana, no sólo en el inmediato futuro, sino teniendo en perspectiva la próxima década - durante la cual se irán materializando, sobre el terreno, los desafíos y problemas de la implementación del Acuerdo Final.

El régimen electoral es uno de los elementos más importantes del sistema político democrático. En efecto, está constituido por los principios, normas, reglas y procedimientos que regulan la competencia política, los derechos y responsabilidades de los partidos políticos, la asignación de los espacios de representación, la financiación de las campañas electorales, la organización de las elecciones, las condiciones para el ejercicio del derecho al sufragio, los parámetros para la realización de los comicios y las formalidades a las que deben sujetarse algunos mecanismos propios de la democracia participativa, así como el control sobre las prácticas y procedimientos electorales, entre otros. Sin un adecuado régimen electoral, pueden aumentar los riesgos de corrupción electoral, pérdida de la representatividad y legitimidad de los partidos políticos y las instancias de representación, y atomización del sistema de partidos.

En ese sentido resulta oportuno analizar tanto las recomendaciones de la Misión Especial Electoral constituida en virtud del Acuerdo Final (punto 2.3.4) con el fin de “modernizar y hacer
más transparente el sistema electoral, para de esa manera dar mayores garantías para la participación política en igualdad de condiciones y mejorar la calidad de la democracia”; como la propuesta de reforma política que el Gobierno Nacional ha anunciado será presentada al Congreso de la República para ser tramitada a través del procedimiento legislativo para la implementación del Acuerdo (fast track).

Objetivos

- Identificar algunas vulnerabilidades estructurales de la democracia colombiana que pueden poner en riesgo la estabilidad del sistema político y la solidez de las instituciones en el corto y mediano plazo.

- Analizar las propuestas de la Misión Especial Electoral y los proyectos de reforma política que el Gobierno Nacional ha anunciado serán presentados a consideración del
Congreso de la República, y evaluar su pertinencia y viabilidad.

- Proponer líneas de acción que sean útiles para perfeccionar el régimen electoral en Colombia y que contribuyan al fortalecimiento de los partidos políticos, la rendición
de cuentas ante la ciudadanía y una más eficaz participación electoral.

Preguntas orientadoras

Se sugiere una discusión alrededor de los siguientes interrogantes:

- ¿Qué fórmula de conformación de las listas de candidatos de los partidos políticos al Congreso, las Asambleas Departamentales y los Consejos Municipales ofrece mayores ventajas para incrementar su legitimidad, prevenir la corrupción, y mejorar la gobernanza de los partidos políticos?

- ¿Cuáles son los ajustes de diseño más pertinentes para incrementar la representatividad y la legitimidad del Congreso?

- ¿Qué reformas requiere la justicia electoral para fortalecer sus capacidades de control y vigilancia efectiva de los procesos electorales en sus diversas etapas? ¿Cuáles son
las ventajas y desventajas de los distintos modelos?

- ¿Qué medidas sobre financiación de campañas deben combinarse para obtener el mayor impacto en términos de transparencia, disminución de los costos de la política, prevención de los delitos electorales?

Estas preguntas no son taxativas ni excluyentes. Están encaminadas a ofrecer un marco para la discusión, sin que ello signifique que los participantes no puedan plantear
consideraciones adicionales. El debate se regirá por la regla Chatham House, según la cual los participantes podrán invocar los principios de reserva, no identificación y no atribución.

Para más información acerca del alcance de la Chatham House Rule, se puede consultar:

www.chathamhouse.org/about/chathamhouse-rule