El Instituto de Ciencia Política y la Fundación Konrad Adenauer adelantan, durante 2017, el proyecto Hacia una economía social de mercado: Retos institucionales, empresariales y ciudadanos, que busca profundizar en la reflexión colectiva sobre los ajustes institucionales y las buenas prácticas cuya implementación es requerida para consolidar el Estado de Derecho, facilitar el ejercicio de la iniciativa empresarial, mejorar la calidad del mercado laboral, potenciar las libertades económicas y avanzar en el desarrollo social sostenible. En ese orden de ideas, se trabaja en torno a tres ejes fundamentales: (i) regulación, competitividad y desarrollo; (ii) transparencia, pertinencia y eficiencia del gasto público y (iii) economías ilegales y desarrollo sostenible.

El Estado tiene a su cargo tanto la recaudación de impuestos como la administración y ejecución de los recursos públicos, en el marco de la asignación presupuestal para la ejecución de las políticas públicas mediante las cuales se busca dar cumplimiento a sus fines constitucionales, y según la orientación que recogen, cada cuatro años, los planes nacionales de desarrollo.

El gasto público es, por lo tanto, uno de los instrumentos fundamentales de la acción del Estado. De su adecuada gestión depende, en buena medida, la legitimidad del Estado como aparato institucional, la creación de condiciones favorables al crecimiento económico (por la vía del aumento de la competitividad) y la promoción del progreso social.

La eficacia y eficiencia del gasto público en Colombia se han visto afectadas y limitadas por diversos factores. El ensanchamiento del tamaño del Estado, la introducción de rigideces presupuestales desde la adopción de la Constitución de 1991 y los problemas de coordinación entre distintas agencias y entre los niveles territoriales de la administración pública, entre otros factores, dificultan el control del gasto, el cual pasó de representar el 12% del PIB a mediados de la década de los noventa a un 30% en 20151. A pesar de que el recaudo también ha aumentado, su crecimiento no ha sido proporcional al incremento del gasto, razón por la cual el país enfrenta un déficit fiscal proyectado de aproximadamente 30 billones de pesos para el 2017, lo que equivale a 3,3% del PIB2. La falta de disciplina fiscal —a pesar de la adopción de la regla fiscal—, la ausencia de criterios de pertinencia por parte de los trazadores de política pública y ordenadores del gasto y el dimensionamiento insuficiente del impacto que pueden tener algunas decisiones judiciales o la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado por el Gobierno Nacional con la guerrilla De las FARC, también explican el desequilibrio en las finanzas del Estado.

El crecimiento sostenido del gasto público en Colombia corre el riesgo de ser insostenible. En un contexto de ralentización económica como el que atraviesa el país, no sólo es previsible que el recaudo disminuya, también es de esperar que se vea afectada la disposición de las personas naturales y jurídicas a contribuir con la tributación, a través de fenómenos como la elusión y la evasión.
Aunque ha habido avances materia de transparencia como la puesta en marcha del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP I y II), persisten significativos desafíos en esa materia, y en general, en la lucha contra la corrupción. De acuerdo con el Contralor General de la República, la corrupción le cuesta al Estado colombiano cerca de 50 billones de pesos al año.3 Además de la suscripción de compromisos por el gobierno abierto, la apuesta por la transparencia requiere que la información sea oportuna (lo más actualizada posible), veraz (cierta), y pertinente (completa, agregada y organizada). Esta es una condición necesaria, aunque no suficiente para que los procesos de rendición de cuentas sean efectivos. No menos importante es la conformación de una ciudadanía in- formada, activa y comprometida con lo público, donde las empresas están también llamadas a ejercer un papel importante en ejercicio de la buena ciudadanía corporativa.

El Estado, consciente de los imperativos que plantea la gestión transparente, eficiente y sostenible del gasto público, creó la Comisión de Estudio del Gasto Público y de la Inversión en Colombia (artículo 361 de la Ley 1819 de 2016, de Reforma Tributaria). Esta comisión tiene el mandato de revisar los programas de subsidios y de asistencia pública, los criterios de priorización de la inversión, las inflexibilidades presupuestales, las rentas de destinación específica y los efectos sobre la equidad y la e ciencia de las decisiones de gasto, con el objeto de proponer reformas orientadas a fortalecer la equidad, la inclusión productiva, la formalización y la convergencia del desarrollo entre zonas urbanas y rurales, la redistribución del ingreso, la e ciencia de la gestión pública y el fortalecimiento del Estado.

De cara a la labor de la Comisión, y en atención al panorama macroeconómico del país y de la presión fiscal derivada de múltiples compromisos adquiridos por el Estado, resulta oportuno analizar la dinámica del gasto público en Colombia, con el fin de contribuir a las reflexiones de la Comisión e identificar algunos criterios que permitan alcanzar la eficiencia, la transparencia y la sostenibilidad del mismo.