Bogotá D.C., 24 de agosto de 2018

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y el Instituto Republicano Internacional (IRI) adelantan el proyecto Los desafíos de la gobernabilidad en Colombia. En desarrollo de este proyecto se desarrollan cuatro espacios de discusión y análisis en torno a los temas más relevantes en el escenario político colombiano de corto y mediano plazo, el cual estará determinado en buena medida por los resultados del proceso electoral de 2018 (elecciones legislativas y presidenciales) y las próximas elecciones territoriales (departamentales y municipales) que se llevarán a cabo en octubre de 2019.

Contexto

En octubre de 2019 se realizarán las elecciones de gobernadores, diputados de Asambleas Departamentales, alcaldes, concejales y ediles de Juntas Administradoras Locales. Las administraciones departamentales y municipales constituyen una pieza clave de la gobernabilidad, la calidad institucional, la legitimidad y la credibilidad del Estado ante la ciudadanía, y la eficaz y eficiente provisión y prestación de bienes y servicios públicos. Los desafíos que enfrenta Colombia en esta materia no son pocos. La del ordenamiento territorial y la adecuada articulación Nación-territorios, sigue siendo una tarea pendiente. De esa tarea es indisociable la necesidad de resolver los cuellos de botella del proceso de descentralización, racionalizándolo y haciendo verdaderamente funcional la apuesta de la Constitución de 1991 por la autonomía de las entidades territoriales.

Por otro lado, las administraciones de las entidades territoriales son un actor (y también un escenario) estratégico en la lucha con juegan un papel determinante en la lucha contra la corrupción. En el más reciente Índice de Transparencia de Entidades Públicas, dentro del rango de riesgo ‘alto’ o ‘muy alto’ de corrupción están el 40% de las gobernaciones del país y el 60% de 28 alcaldías de ciudades capitales. Existen instrumentos cuyo potencial aún está por ser aprovechado, como las Comisiones Regionales de Moralización, creadas por el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), que permiten la articulación interinstitucional entre órganos de control y rama judicial en las regiones.

Adicionalmente, el deterioro de las condiciones de seguridad —potenciado, entre otros factores, por el incremento de distintas formas de crimen organizado—, cuyas manifestaciones son más que evidentes, incide sobre el proceso electoral en los territorios y constituye una amenaza para el funcionamiento de las instituciones y el desempeño de las autoridades departamentales y municipales.

Contra este telón de fondo tendrán lugar las elecciones de 2019, que serán además los primeros comicios territoriales que se realicen después de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, suscrito entre el Gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las FARC en 2016. Ello tiene dos grandes implicaciones: por un lado, estas elecciones y sus resultados deben ser considerados a la luz del enfoque de “paz territorial” del Acuerdo Final y su implementación, con todas las demandas y expectativas ciudadanas generadas, y los consecuentes desafíos y oportunidades. Por otro lado, debido a sus características y trayectoria histórica, serán estas elecciones (más que las de Congreso y Presidente de la República), las que permitirán poner en perspectiva la incorporación política del nuevo partido FARC a la dinámica propia de la democracia y las reglas del Estado de Derecho.