Contexto

El proyecto Colombia un país en transición, que se desarrolla conjuntamente entre el Instituto de Ciencia Política (ICP) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS) a lo largo de 2016, aborda tres temas centrales: la transición y consolidación institucional; la sostenibilidad y el desarrollo; y la empresa privada y la gobernanza. Es nuestro propósito contribuir, mediante el diálogo intersectorial y el debate plural e informado, al diseño de políticas públicas y la toma de decisiones, en un escenario de país definido por tres procesos concurrentes: (i) las conversaciones que se adelantan entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC para la terminación del conflicto; (ii) la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS– como referentes de política pública y (iii) la voluntad del Gobierno de avanzar hacia el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE.

Con demasiada frecuencia tiende a considerarse que la corrupción es un problema del sector público. A fin de cuentas, la ecuación sugerida por Robert Klitgaard (Corrupción = Monopolio de la Decisión + Discrecionalidad – Transparencia) remite implícitamente a aquella fórmula de Lord Acton, según la cual “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”; y el poder, se diría que por defecto, pertenece al Estado.

Debería prestarse igual atención a las dimensiones y manifestaciones de la corrupción en el sector privado. Según el Global Competitiveness Report 2015-2016, Colombia descendió tres puestos en la percepción sobre el comportamiento ético de las empresas frente a la calificación inmediatamente anterior, pasando al puesto 125 entre 148 países (1). La Cuarta Encuesta Nacional Sobre Prácticas Contra el Soborno en Empresas Colombianas, divulgada en 2015, reveló que 91% de los consultados percibe el soborno como una práctica común en el sector empresarial, hasta el punto en el que se cree que lograr un negocio depende de un soborno acertado (2). Según la misma investigación, un 76% de los sobornos en Colombia es para el cierre de contratos (3); un 65%, para acelerar trámites; y un 50% adopta la forma de contribuciones políticas (4). Estos resultados son coherentes con el hecho de que sólo el 22% de los consultados manifestó conocer el Estatuto Anticorrupción y menos de la mitad de las empresas declara contar con canales efectivos y seguros para la denuncia de corrupción.

Este tipo de prácticas no sólo afecta la calidad del gobierno y la función pública: Erosiona el imperio de la ley. En muchos casos, alimenta verdaderos circuitos criminales de intermediarios y apalancadores. También vulnera la competencia mercantil, compromete las libertades económicas y afecta negativamente la actividad empresarial.

Por si fuera poco, también se dan prácticas corruptas en las transacciones y negocios entre agentes privados. Se trata de un fenómeno que, en muchas ocasiones, pasa desapercibido, pero que tiene profundas implicaciones para la economía. La lucha contra la corrupción no puede soslayar la tarea pendiente en este campo de batalla.

[1] Schwab, K. (2016). The Global Competitiveness Report 2015-2016. Ginebra, Suiza: World Economic Forum.

[2] Transparencia por Colombia & Universidad Externado de Colombia (2015). Obtenido de http://www.uexternado.edu.co/esp/noticias/cuarta_encuesta.html (29.05.2016).

[3] El promedio ponderado del valor contractual que se paga de manera secreta para obtener una adjudicación en Colombia ascendería, según la encuesta, al 17,3%.

[4] Además, sólo el 4% de las empresas consultadas declaró llevar un registro contable exacto de sus contribuciones electorales.

Objetivos

- Analizar la responsabilidad del sector privado en la práctica de la corrupción, no sólo como contraparte del sector público sino también como escenario autónomo en el que se reproduce el fenómeno.

- Analizar la repercusión que tiene la corrupción de los privados en la ciudadanía corporativa, el ambiente para hacer negocios y la cultura de la legalidad en Colombia.

- Identificar buenas prácticas que, más allá de los marcos regulatorios existentes, fomenten la transparencia en las transacciones del sector privado.

Preguntas orientadoras

Se sugiere una discusión alrededor de los siguientes interrogantes:

- ¿Cómo interpretar la proliferación de escándalos de corrupción en el país (y la región latinoamericana) durante los últimos años?

- ¿Cuáles son los costos simbólicos y culturales de la corrupción y cómo afectan la iniciativa empresarial?

- ¿Cuál ha sido el impacto práctico de las regulaciones adoptadas durante los últimos años para enfrentar la corrupción?

- ¿Qué instrumentos de veeduría y auto-regulación pueden contribuir a hacer más efectivo el compromiso de los actores privados en la lucha contra la corrupción?

Estas preguntas no son taxativas ni excluyentes. Están encaminadas a ofrecer un marco para la discusión, sin que ello signifique que los participantes no puedan plantear consideraciones adicionales.

El debate se regirá por la regla Chatham House, según la cual los participantes podrán invocar los principios de reserva, no identificación y no atribución.

Para más información acerca del alcance de la Chatham House Rule, se puede consultar: www.chathamhouse.org/about/chathamhouse-rule

Agenda propuesta

Registro de asistentes

Palabras de bienvenida

- Adriana Mejía Hernández, Directora Ejecutiva del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga.

- Hubert Gehring, Representante de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia.

Presentación

- Andrés Molano-Rojas, Experto asociado del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y Profesor principal de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad del Rosario.

Intervenciones iniciales

- TBD

- TBD

Diálogo y Discusión

Moderador: Andrés Molano-Rojas, Experto asociado del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y Profesor principal de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad del Rosario.

Cierre y conclusiones