Contexto

El proyecto Colombia un país en transición, que se desarrolla conjuntamente entre el Instituto de Ciencia Política (ICP) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS) a lo largo de 2016, aborda tres temas centrales: la transición y consolidación institucional; la sostenibilidad y el desarrollo; y la empresa privada y la gobernanza. El propósito de este proyecto es contribuir, mediante el diálogo intersectorial y el debate plural e informado, al diseño de políticas públicas y la toma de decisiones públicas y privadas, en un “escenario de país” definido por tres procesos concurrentes: (i) las conversaciones que se adelantan entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC para la terminación del conflicto; (ii) la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS– como referentes de política pública y (iii) la voluntad del Gobierno de avanzar hacia el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE.

Una de las debilidades estructurales que ha lastrado el desarrollo político, social y económico de Colombia tiene que ver con la administración de justicia. Contra el telón de fondo de una muy débil cultura de la legalidad, caracterizada por lo que algunos autores han denominado “cumplimiento transaccional de la ley”, en el país se han hecho crónicos fenómenos realmente nocivos como la evasión y la elusión de las consecuencias derivadas de la transgresión de la ley; la desconfianza en las autoridades judiciales; la hiperinflación normativa y la demagogia punitiva. Todo ello erosiona el capital social. Además, compromete la legitimidad y la solidez de las instituciones. Y, en muchas oportunidades, estimula la búsqueda de salidas alternativas a los conflictos de derechos -a veces, incluso mediante el uso de la violencia o la aplicación de justicia “por propia mano”. Todo lo anterior pone en entredicho la vigencia del Estado de Derecho.

Paradójicamente, y a pesar del envite que en su momento representó el narcotráfico —o precisamente por ello— el país ha fortalecido sustancialmente sus capacidades judiciales. La arquitectura introducida por la Constitución de 1991 contribuyó de manera significativa a lograrlo y, durante muchos años, instituciones como la acción de tutela, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional gozaron de credibilidad y confianza por parte de los ciudadanos. Lamentablemente, diferentes factores han degradado la percepción que la ciudadanía tiene de estas y otras instituciones judiciales.

En ausencia de una reforma integral a la justicia, que ha sido imposible concretar hasta ahora, el país se prepara para poner en marcha un inédito y complejo andamiaje de justicia transicional (Justicia Especial de Paz, JEP) en el marco del acuerdo para la terminación del conflicto entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC.

Lo anterior suscita una reflexión inaplazable. Así como en la actualidad la mayor parte de los homicidios no están relacionados con la confrontación entre el Estado y las guerrillas, la mayor demanda de justicia por parte de los ciudadanos tampoco lo está. Advertir esto no significa desconocer la importancia material y simbólica de la justicia transicional, sino más bien, lleva a subrayar la necesidad de evitar que ésta se convierta en una distracción que desvíe tanto la atención del Gobierno como de la opinión pública de los problemas de vieja data, sumamente complejos y profundamente enraizados, que afectan al sistema de justicia en Colombia.

Esta necesidad se hace todavía más plausible si se piensa que, según buena parte de estimativos, el pos-acuerdo —con todas las dificultades que le son inherentes— podría venir acompañado de un ensanchamiento del mercado de violencia, de la agudización de las actividades del crimen organizado y de nuevas formas de conflicto social que, en su conjunto, exigirán como nunca el esfuerzo articulado y el desarrollo de capacidades adecuadas por parte de los operadores de seguridad y de justicia.

En ese orden de ideas, con el propósito de identificar el impacto que tendrá la implementación de la justicia transicional sobre los problemas crónicos y estructurales de la justicia ordinaria en Colombia y su reflejo en la confianza ciudadana en las instituciones, el ICP y la KAS han querido convocar una mesa de expertos para abordar este tema. Se trata de propiciar un espacio para la discusión y el debate multisectorial que vaya más allá de la polémica sobre el modelo de justicia transicional de La Habana, y que más bien intente anticiparse a las necesidades del sistema de justicia (en general) que dicho modelo hará incluso más acuciantes. El país necesita, con pos-acuerdo o sin él, recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, asegurar a todos los colombianos condiciones básicas de seguridad jurídica, garantizar el derecho a la pronta y cumplida justicia, entre otros desafíos que no pueden seguir aplazándose indefinidamente.

Objetivos

- Identificar los elementos estructurales y de larga duración que explican las fallas sistémicas de la justicia en Colombia y su aparente impermeabilidad ante algunas reformas adoptadas.

- Analizar el impacto de la implementación de la Justicia Especial para la Paz sobre el funcionamiento, la credibilidad, la eficacia y eficiencia de la justicia ordinaria.

- Sugerir a los tomadores de decisión prioridades inmediatas en relación con la administración de justicia, de cara a un eventual escenario de pos-acuerdo y en función del ODS 16.

Preguntas orientadoras

Se sugiere una discusión alrededor de los siguientes interrogantes:

- ¿Qué escenarios críticos podrían generarse si se aplaza el abordaje de los desafíos estructurales que enfrenta la justicia ordinaria en función de la satisfacción de los requerimientos más inmediatos de la justicia transicional (JEP)?

- ¿Cómo afectará la puesta en funcionamiento de la JEP los recursos, capacidades, legitimidad, eficiencia y eficacia de la justicia ordinaria?

- ¿Qué enfoque o combinación de enfoques debe privilegiarse a la hora de intervenir el sistema judicial en Colombia: la oferta o la demanda de justicia, el ajuste normativo, el cambio cultural, la coordinación interagencial?

Estas preguntas no son taxativas ni excluyentes. Están encaminadas a ofrecer un marco para la discusión, sin que ello signifique que los participantes no puedan plantear consideraciones adicionales.

El debate se regirá por la regla Chatham House, según la cual los participantes podrán invocar los principios de reserva, no identificación y no atribución.

Para más información acerca del alcance del Chatham House Rule, consultar:
www.chathamhouse.org/about/chathamhouse-rule

Agenda propuesta

Registro de asistentes

Palabras de bienvenida

- Adriana Mejía Hernández, Directora Ejecutiva del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga.

- Hubert Gehring, Representante de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia.

Presentación

- Andrés Molano-Rojas, Investigador del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y Profesor principal de la Facultad de Relaciones Internacionales, Universidad del Rosario.

Intervenciones iniciales

- Fabio Velásquez, Presidente del Foro Nacional por Colombia.

- Marcela Bayona, Socia fundadora de Minería & Medio Ambiente Estudio Jurídico.

Diálogo y Discusión

Moderador: Andrés Molano-Rojas, Investigador del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y Profesor principal de la Facultad de Relaciones Internacionales, Universidad del Rosario.

Cierre y conclusiones