Bogotá, 4 de abril de 2018

Contexto

Transcurridos 25 años desde la promulgación de la Ley 100 de 1993, se plantea la necesidad de evaluar sus resultados y explorar fórmulas para dotar al sistema de salud de nuevas herramientas. Es generalmente reconocido que desde la expedición de la Ley el país ha evidenciado avances notables en materia de cobertura y acceso, con un impacto significativo en la reducción de la pobreza multidimensional y la mejora consecuente en los niveles de bienestar de los colombianos. Sin embargo, pese a las valoraciones positivas mencionadas, en materia de la calidad y oportunidad en la prestación del servicio se identifican motivos de preocupación en la ciudadanía.
Específicamente, surgen temas como la estructura del sistema; la eficacia en la asignación del gasto público y la sostenibilidad fiscal de todo el sistema de seguridad social en salud; las capacidades regulatorias del Estado sobre los prestadores de servicios y sobre el suministro de medicamentos, así como las dificultades que persisten para garantizar el acceso a la salud de los habitantes de la ruralidad, son algunos de los temas que deberán ser atendidos por el nuevo gobierno. Todo lo anterior, con el telón de fondo de la Ley Estatutaria 1751 del 16 de febrero de 2015, que consagra la salud como un derecho fundamental y de la cual se derivan unas garantías que exigen una financiación y un diseño institucional cuya definición está aún pendiente.