El ICP considera necesaria la suspensión provisional del artículo 32 del PND y una audiencia pública ante la Corte Constitucional para exponer los riesgos que esta norma representa para la autonomía municipal y los derechos de propiedad privada.

El Gobierno impone control sobre la tierra sin consulta previa, afectando la participación ciudadana y la autonomía territorial.

La Resolución 377 de 2024 abre la puerta a la intervención estatal en la propiedad privada, restringiendo actividades productivas como la ganadería, la agricultura, el turismo y la minería y poniendo en riesgo la seguridad jurídica, la inversión y el desarrollo regional.