El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), nos permitimos reiterar las consideraciones que ha presentado en las distintas audiencias públicas y eventos organizados por la Comisión Segunda y la Plenaria, respecto a los riesgos y consecuencias que traerá para el país la ratificación del proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de Escazú.

Compartimos la preocupación por proteger la vida de los defensores de derechos humanos y ambientalistas, de conservar el medio ambiente, garantizar el acceso a la información, la justicia y la participación en asuntos ambientales; por lo que consideramos que el país requiere analizar de manera objetiva y rigurosa las implicaciones de ratificar el Acuerdo de Escazú, el cual, no solo es redundante en cuanto a sus disposiciones y a la normativa colombiana sobre estos asuntos, sino que no dota al Estado de nuevas capacidades para enfrentar de manera efectiva las causas de los problemas ambientales.