La Reforma Laboral amenaza la recuperación económica y el empleo formal en Colombia
24 de enero de 2025
/ Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga

- La alta intervención del Estado en el mercado laboral ha limitado la contratación y el crecimiento del empleo formal, generando altos costos para las empresas y afectando la competitividad.
- La economía colombiana se desacelera: el crecimiento en noviembre de 2024 fue de solo 0,36%, mientras que el empleo formal sigue estancado y la informalidad en aumento. En este contexto, la Reforma Laboral agravaría la situación al incrementar los costos laborales, restringir la flexibilidad del mercado y desincentivar la inversión.
- La Reforma Laboral incrementa los costos laborales, elimina modalidades contractuales flexibles y desincentiva la automatización, afectando principalmente a micro y pequeñas empresas.
Cali, 23 de enero de 2025. El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) participó en la audiencia pública invitada por la senadora Norma Hurtado de la Comisión Séptima del Senado de la República en Cali sobre el Proyecto de Ley de Reforma Laboral. Durante nuestra intervención, el director ejecutivo, Carlos Augusto Chacón, presentó la posición del ICP sobre la reforma, resaltando su impacto negativo en el empleo formal y la reactivación económica del país.
El último análisis del Observatorio Económico del ICP sobre los principales indicadores económicos de 2024, evidencia que las políticas intervencionistas han afectado el crecimiento y la calidad de vida, generando un desempeño insuficiente y una presión continua sobre el poder adquisitivo, el empleo y la sostenibilidad fiscal.
El último reporte del DANE confirma la desaceleración económica, con un crecimiento de solo 0,36% en noviembre de 2024. La tasa de desocupación desestacionalizada bajó a 9,5% en noviembre de 2024, pero el empleo formal no ha crecido de manera sostenible, y la informalidad sigue en aumento. La Reforma Laboral profundiza esta situación, creando nuevas barreras para la inversión y el desarrollo empresarial.
Frente a este panorama, el Indicador de Afinidad con la Libertad Económica (IALE) del ICP evaluó el proyecto de Reforma Laboral aprobada por la Cámara de Representantes, otorgándole un 22% de afinidad. La combinación de este bajo puntaje con el actual contexto económico demuestra que entre las alertas que genera la Reforma se encuentran:
- Formalización laboral y aumento de la informalidad: el artículo 38 impone requisitos de formalización que dificultan el acceso de los micronegocios y pequeñas empresas al mercado formal, perpetuando la informalidad laboral, que ya alcanza el 55,2 % a nivel nacional según el DANE.
- Eliminación de modalidades flexibles: La supresión de contratos temporales y estacionales limita la capacidad de sectores como la construcción y los servicios para adaptarse a las necesidades del mercado.
- Establece mayores exigencias para la contratación de aprendices del SENA, incrementando los costos para las empresas y reduciendo las oportunidades de formación para los jóvenes.
- Restricción a la libertad de asociación: La prohibición de los contratos sindicales afecta la negociación colectiva y reduce la flexibilidad laboral, impactando negativamente la dinámica del mercado de trabajo y la productividad empresarial.
- Efectos sobre la innovación tecnológica: el artículo 61, al exigir notificación, capacitación y reubicación de trabajadores en procesos de automatización y digitalización, genera costos adicionales y retrasos que dificultan la implementación de nuevas tecnologías y reducen la competitividad empresarial.
En su intervención, el director del ICP destacó la eliminación de los artículos 31 y 32 del proyecto de ley, que imponían modelos contractuales rígidos para el sector rural, calificándola como una decisión acertada en la Cámara de Representantes. Estos artículos desconocían la estacionalidad del trabajo agrícola y habrían agravado la informalidad laboral en el sector agropecuario. Por esta razón, solicitó al senado no volver a incluir esas disposiciones en el proyecto que se tramitará en la Comisión Séptima del Senado.
“Instamos al Senado a replantear los elementos estructurales de la Reforma Laboral para tener en cuenta los desincentivos a la formalización, los costos de transacción y la libertad de los ciudadanos para participar en el mercado laboral. En el debate se debe tener en cuenta que el tejido empresarial está conformado en más de un 93 % por Mipymes, así como la realidad económica que vive el país a causa de las decisiones políticas. La verdadera precarización del empleo es condenar a las personas a la informalidad”, agregó Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del ICP.