La consulta popular no puede convertirse en un recurso para desviar el debate sobre las reformas

• El ICP advierte que la instrumentalización política de la consulta popular para desconocer al Congreso de la República pretende desviar la atención del fracaso de una reforma laboral que no respondía a los desafíos reales del país y pone en riesgo la separación e independencia de poderes.

• La consulta presenta graves limitaciones jurídicas y políticas: no puede usarse para legislar sobre temas laborales con implicaciones fiscales y no permite una deliberación técnica ni compleja.

• La reforma que se archivaría cerraba el mercado laboral, desincentivaba la formalización, el empleo juvenil, castigaba la innovación y agravaba la informalidad.

Bogotá, D.C miércoles 12 de marzo de 2025. Frente al anuncio del presidente Petro de convocar una consulta popular, ante el posible hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado de la República, el Instituto de Ciencia Política hace un llamado a respetar la separación e independencia de poderes, y no instrumentalizar un mecanismo de participación ciudadana para desconocer el proceso político en el Congreso. 

La propuesta de consulta popular y la narrativa del “bloqueo institucional” trasladan el debate del contenido de la reforma a una confrontación que busca desconocer la legitimidad del Congreso, por el que votaron más de 18,6 millones de colombianos. Como ya ocurrió con el anuncio de convocar a una Asamblea Constituyente, esta estrategia busca presionar a las instituciones y debilitar la separación de poderes.

La consulta enfrenta serias limitaciones jurídicas, no está diseñado para discutir reformas complejas, sino para asuntos de trascendencia nacional que puedan resolverse con una pregunta clara y cerrada, requiere mayoría en el Senado, revisión por la Corte Constitucional, y que más de 13 millones de personas que salgan a votar, de las cuales más de 6 millones de votos deben hacerlo a favor para que sea vinculante.

El Gobierno insiste en que el Congreso ha bloqueado la reforma, cuando en realidad este fue el espacio donde se dieron los debates más amplios y representativos. Sindicatos, microempresarios, académicos y técnicos expusieron la inconveniencia de la iniciativa. Aunque se hicieron ajustes —como la eliminación del artículo sobre el jornal agropecuario—, el proyecto mantuvo rigideces que afectaban la formalización, el empleo juvenil y la viabilidad de las empresas, en un país donde más del 93 % de las unidades productivas son Mipymes.

El “gran acuerdo nacional” fracasó no por falta de espacios, sino porque el Gobierno condicionó el diálogo a la aceptación de su agenda. Un acuerdo legítimo se construye con pluralidad. Insistir en la consulta tras el hundimiento legislativo evade al Congreso y distorsiona el sentido de la participación ciudadana.

El ICP participó en cinco audiencias públicas, donde expuso por qué la reforma laboral no respondía a las necesidades del país ni al mercado laboral. Según el Índice de Afinidad con la Libertad Económica (IALE), tenía baja compatibilidad con las condiciones para generar empleo, inversión y crecimiento. Aumentaba costos y rigidez, sin ofrecer soluciones reales a la informalidad ni a la reactivación económica. Sus efectos más preocupantes habrían sido los siguientes:

• Sectores estratégicos como el comercio, el turismo, la agroindustria y las plataformas digitales habrían sido gravemente afectados por la eliminación de formas de contratación flexibles. Esta rigidez desconoce la realidad productiva del país.

• En cuanto a los contratos de aprendizaje, el problema no era solo el costo. El SENA no articula la formación con la demanda laboral, y muchas empresas deben monetizar la cuota al no encontrar aprendices con el perfil adecuado. Aumentar esa carga habría implicado más recursos para el Estado, sin resolver la empleabilidad juvenil.

• Restringía la libertad de asociación al eliminar los contratos sindicales.

• Además, el proyecto penalizaba la automatización y la adopción tecnológica con nuevas exigencias, partiendo de una lógica de desconfianza hacia el sector productivo y desconociendo el rol clave de la innovación para el empleo y la competitividad.

El presidente ha presentado esta discusión como una defensa del “trabajo digno”, pero ese objetivo no se alcanza solo desde la protección legal. Requiere ampliar el acceso al empleo formal, reducir barreras y crear condiciones reales para el emprendimiento, la contratación y la competitividad. La verdadera precarización es que más de 13 millones de colombianos sigan atrapados en la informalidad y el autoempleo sin condiciones sociolaborales.

El país no puede seguir distrayéndose con mecanismos que desvían la atención del fondo del debate. Lo mismo podría repetirse con la reforma a la salud si se insiste en ignorar a los actores sociales que han alzado su voz con argumentos y propuestas, como las asociaciones médicas y de pacientes que rechazan la reforma. 

Desde el Instituto de Ciencia Política seguiremos impulsando una conversación seria y constructiva. En las próximas semanas presentaremos nuestra Agenda País: una hoja de ruta basada en el orden y la confianza, para construir políticas públicas liberales con soluciones reales  a los desafíos estructurales de Colombia.