La zona binacional con Venezuela es una amenaza para la soberanía y la seguridad de Colombia

El pasado 25 de julio de 2025, los gobiernos de Colombia y Venezuela suscribieron un Memorando de Entendimiento para crear una Zona Económica Especial Binacional (ZEB), también denominada “Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional”.

El documento busca promover comercio, turismo, cultura, educación, salud y desarrollo productivo en los territorios de Norte de Santander, Táchira y Zulia, con una vigencia de cinco años prorrogables.

Aunque el acuerdo se presenta como un avance en la integración fronteriza, surge en un entorno complejo: una frontera de más de 2.200 km marcada por grupos armados ilegales, contrabando, economías ilícitas, minería ilegal y migración masiva.

Debate de control político

Dada la preocupación por los riesgos que representa la creación de esta iniciativa, los senadores Paola Holguín Moreno y Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán citaron a debate de control político en la Comisión Segunda del Senado de la República a los ministros de Defensa, Pedro Sánchez; Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio; Comercio, Diana Morales; y Transporte, Maria Fernanda Rojas, con el objetivo de examinar las implicaciones políticas, económicas, jurídicas y de seguridad derivadas de la suscripción del Memorando de Entendimiento entre Colombia y Venezuela y su posible impacto sobre la soberanía nacional y la institucionalidad democrática.

A este debate fue invitado el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), en el cual participó nuestro director ejecutivo, Carlos Augusto Chacón, quien advirtió sobre las graves implicaciones políticas, militares y de seguridad nacional que este acuerdo representa.

La creación de esta zona podría legitimar a un régimen sancionado internacionalmente, abrir la puerta a la cooperación con estructuras ilegales y comprometer la soberanía colombiana en un contexto de creciente tensión regional y presencia de grupos armados binacionales.

Principales riesgos identificados por el ICP

• Legitimación de un régimen sancionado internacionalmente: con vínculos señalados con el narcotráfico y el terrorismo, este tipo de acuerdos puede comprometer la posición de Colombia frente a sus aliados democráticos y erosionar la coherencia de su política exterior.
• Pérdida de control territorial: la expansión de grupos armados binacionales en zonas de frontera, favorecida por la débil presencia estatal y la permisividad institucional, pone en riesgo la soberanía y profundiza la inseguridad en el norte del país.
• Riesgo de cooperación militar y de inteligencia: la posible articulación entre estructuras del régimen venezolano y organizaciones ilegales presentes en la frontera facilitaría operaciones criminales conjuntas y limitaría la capacidad de respuesta de las Fuerzas Militares colombianas.
• Debilidad institucional y opacidad en la implementación: la ausencia de controles efectivos, supervisión independiente y transparencia en la ejecución del acuerdo propicia la corrupción, la captura de instituciones y el uso político o ilegal de los recursos públicos.
• Exclusión de comunidades y sectores productivos locales: la falta de participación de actores fronterizos en el diseño del acuerdo vulnera la autonomía territorial, resta legitimidad a las decisiones y puede generar rechazo social que debilite la gobernabilidad.
• Amenaza geopolítica derivada de la doctrina militar venezolana: la estrategia de guerra asimétrica e híbrida del régimen, que combina fuerzas estatales con grupos criminales, busca proyectar poder y desestabilizar territorios, configurando un desafío directo a la seguridad de Colombia.
• Inseguridad jurídica y vacíos normativos: la falta de precisión sobre competencias, alcances y mecanismos de control en la zona binacional genera incertidumbre, facilita la actuación de actores irregulares y desalienta la inversión y el comercio formal.

Nuestro llamado

Desde el Instituto de Ciencia Política reiteramos la importancia de que las decisiones en materia de política exterior, defensa y seguridad se adopten con transparencia, sustento técnico y análisis de riesgo. Es indispensable que el Estado colombiano priorice la defensa del interés nacional, la protección de la institucionalidad democrática y el fortalecimiento de la soberanía y el control efectivo del territorio.

Hacemos un llamado a las autoridades nacionales y al Congreso de la República para que este tipo de acuerdos sean evaluados integralmente, considerando sus implicaciones políticas, geoestratégicas y de seguridad, y garantizando la participación de las comunidades y sectores productivos fronterizos en la toma de decisiones que afectan directamente su entorno.