Los efectos irreversibles del incremento del salario mínimo de 2026
Fecha de publicación: 23 de enero de 2026
/ Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
El incremento del salario mínimo para 2026 (23,7%) no puede analizarse únicamente como una decisión técnica o social, sino como una medida política adoptada en un contexto preelectoral. Al definirse por decreto tras el fracaso de la concertación tripartita entre el Gobierno nacional, los empleadores y los trabajadores, el ajuste quedó determinado por incentivos de corto plazo.
Ese origen ayuda a explicar por qué el aumento priorizó el impacto simbólico inmediato y su narrativa pública, por encima de criterios de sostenibilidad económica y generación de empleo formal.
“Este aumento se presenta como justicia social, pero se adopta en un contexto preelectoral y traslada los costos a las empresas, a los trabajadores informales y a toda la economía. No responde a la productividad ni a la estructura del mercado laboral”, advirtió Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política (ICP).
Un decreto vigente con impactos inmediatos
Aunque el decreto enfrenta demandas de nulidad ante el Consejo de Estado, actualmente es plenamente obligatorio. En la práctica, esto ha llevado a las empresas a asumir el incremento, ajustar nóminas, replantear contrataciones y revisar decisiones de inversión bajo un marco que no admite espera.
“Las empresas deben cumplir el decreto. Incluso si el Consejo de Estado declara su nulidad, esa decisión no tiene efectos retroactivos, los costos ya asumidos y las decisiones laborales ya tomadas no se revierten”, explicó María Jimena Escandón, socia de Orza y Escandón Abogados. La temporalidad de los procesos judiciales no coincide con la dinámica económica, por lo que los efectos derivados de estas decisiones se materializan de forma inmediata y persistente.
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Efectos sobre el empleo formal y la informalidad
Uno de los impactos más significativos del incremento es sobre el empleo formal. En una economía donde más de la mitad de los trabajadores se encuentra en la informalidad, encarecer abruptamente la contratación formal reduce la capacidad de absorción del mercado laboral y aumenta la presión hacia esquemas laborales más precarios, especialmente en sectores intensivos en mano de obra y en las micro, pequeñas y medianas empresas que concentran cerca del 80% de la población ocupada en el país y representan casi la totalidad del tejido empresarial.
Incertidumbre y decisiones empresariales
Desde el análisis económico, el problema no es únicamente el nivel del salario mínimo, sino la incertidumbre que genera un cambio laboral definido por decreto, sin previsibilidad ni alineación con la productividad. En ese contexto, las empresas tienden a posponer o cancelar decisiones de inversión, a replantear contrataciones y a reducir la planificación de largo plazo.
“Para que los salarios aumenten de manera sostenible, se necesita certidumbre institucional: reglas claras, estabilidad jurídica y un entorno que permita invertir y competir por talento”, señaló Óscar Torrealba, director de investigaciones del Instituto de Ciencia Política.
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Este análisis se presentó durante el webinar “Implicaciones económicas del salario 2026 e impacto en la fuerza laboral”, organizado por el Círculo de Mujeres Semana Dinero, en el que se discutieron los efectos inmediatos y persistentes del incremento sobre el empleo formal y las mipymes, con la participación de María Jimena Escandón; Carlos Augusto Chacón; y Óscar Torrealba.
