Rechazo a las afirmaciones sin pruebas del presidente Gustavo Petro que ponen en duda la integridad del proceso electoral

Bogotá, D. C., 1 de junio de 2026. La Fundación Colombia 2050 (FC2050), el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe Colombia) rechazamos categóricamente las recientes afirmaciones del presidente de la República, Gustavo Petro, en las que puso en duda, sin razón alguna, la integridad del proceso electoral con ocasión de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. 

En el marco de la jornada de primera vuelta de las elecciones presidenciales, consideramos necesario un llamado a la responsabilidad institucional y al respeto por la integridad del proceso electoral colombiano.

La Veeduría Entorno Electoral 2026, adelantada por la FC2050 y el ICP, ya había identificado, a través de Nikka, una plataforma de inteligencia social que analiza la conversación ciudadana en entornos digitales, una narrativa digital de desconfianza frente al proceso electoral, en la que la relación entre “desconfianza institucional + fraude + resultados” aparece en nivel crítico. Esa narrativa crea un marco de interpretación en el que cualquier eventualidad del proceso puede ser presentada como señal de manipulación, aun cuando no existan pruebas públicas que acrediten un fraude sistemático.

Las recientes afirmaciones del presidente de la República confirman la gravedad de este riesgo. Insistir en sospechas no verificadas desde la más alta magistratura del Estado amplifica una narrativa que puede afectar la confianza ciudadana, incentivar la desinformación y alimentar una crisis postelectoral antes de que concluyan los mecanismos institucionales previstos por la ley.

 En ese sentido, resaltamos que: 

● El sistema electoral colombiano está fundamentado en el trabajo de millones de ciudadanos, entre servidores públicos, jurados de votación, testigos electorales, jueces y notarios de la República. Más de 860.000 jurados, 500.000 testigos electorales, 300.000 miembros de la Fuerza Pública, 40.000 servidores de la Organización Electoral, 50.000 funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y de los demás organismos de control, 4.000 observadores nacionales y 1.300 observadores internacionales intervinieron en la realización y supervisión de los comicios. 

● El proceso electoral colombiano cuenta con suficientes garantías técnicas, institucionales y de control ampliamente consolidadas, reconocidas por autoridades electorales extranjeras y organizaciones internacionales especializadas. Cada una de sus etapas es trazable, verificable y susceptible de auditoría. En ellas participan de manera activa los ciudadanos como jurados de votación, las autoridades electorales, los partidos y movimientos políticos, los testigos electorales, las misiones de observación nacional e internacionales y la ciudadanía, garantizando mecanismos efectivos de veeduría y control social a lo largo de todo el proceso. Todos los formularios electorales de escrutinio pudieron ser fotografiados por los testigos electorales, digitalizados y divulgados públicamente por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

 ● Toda denuncia sobre posibles irregularidades debe estar sustentada en hechos y pruebas verificables, y tramitarse por los canales institucionales correspondientes. A la fecha, no se conocen pruebas públicas que respalden las afirmaciones realizadas por el presidente de la República. En democracia, la transparencia y la confianza institucional se fortalecen mediante evidencia y a través de las autoridades competentes.

 ● El preconteo tiene un carácter estrictamente informativo y no produce efectos jurídicos. De conformidad con la legislación electoral colombiana, los resultados con validez jurídica son aquellos derivados del proceso de escrutinio adelantado por las comisiones escrutadoras en sus distintos niveles y por el Consejo Nacional Electoral.

 ● El escrutinio electoral es una etapa con amplias garantías de vigilancia, revisión y contradicción. En esta fase participan partidos, movimientos políticos, testigos electorales y demás actores autorizados, quienes cuentan con mecanismos para presentar reclamaciones, observaciones y solicitudes de revisión cuando así lo consideren necesario. 

● La confianza ciudadana en la democracia se construye sobre la base de los hechos, la evidencia y el respeto institucional. Las afirmaciones sin sustento afectan la confianza en las autoridades electorales, debilitan el debate democrático y generan desinformación entre la ciudadanía.

Desde la Fundación Colombia 2050 (FC2050), el Instituto de Ciencia Política (ICP) y la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe Colombia) expresamos nuestro respaldo a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a las instituciones que, con rigor técnico, profesionalismo e independencia, cumplieron la labor de garantizar el ejercicio libre del voto y la integridad del proceso electoral en Colombia. 

Reiteramos nuestro compromiso con la observación electoral, la veeduría ciudadana y la documentación rigurosa de cualquier eventual irregularidad o delito electoral en todo el territorio nacional, siempre con estricto apego a los hechos, la evidencia y el Estado de Derecho. 

Hoy más que nunca, Colombia requiere instituciones fuertes, garantías para todos los actores políticos y un compromiso colectivo con la defensa de la democracia.