El proyecto obtuvo una calificación de 18/100 en IALE, mostrando una restricción severa de la libertad económica. Centraliza el sistema en la ADRES como pagador único, elimina la competencia entre aseguradoras y aumenta el control estatal sobre precios, contratos y financiamiento.

Esto implica riesgos de ineficiencia, clientelismo y menor calidad en la atención, consolidando un modelo dependiente del poder político