Ruta de la Seda: el ICP advierte riesgos para la soberanía y denuncia la falta de transparencia del acuerdo

• El acuerdo con China fue firmado sin activar los canales institucionales ni veeduría ciudadana, y compromete decisiones estratégicas del país.

• Aunque no vinculantes, estos instrumentos han generado dependencia económica y política en sectores como infraestructura, tecnología y ciberseguridad.

La adhesión de Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) de la República Popular China (RPC) no puede entenderse simplemente como cooperación económica o de infraestructura. Como ha advertido el Instituto de Ciencia Política en diferentes oportunidades, esta iniciativa es un instrumento geopolítico del Partido Comunista Chino (PCCh) para expandir su influencia estratégica, económica y política, en detrimento de la soberanía nacional, la autonomía y la estabilidad institucional del país.

Lo que está en juego no es solo el comercio o la diplomacia, sino la capacidad del Estado colombiano de decidir con independencia y en función del interés nacional sobre sectores estratégicos como infraestructura, tecnología, ciberseguridad y política exterior.

Aunque el Gobierno ha presentado el “Plan de Cooperación Colombia-China” como un instrumento no vinculante y sin obligaciones legales formales, preocupa que se naturalice el avance en proyectos estratégicos con un actor autoritario, sin control institucional ni deliberación pública. Incluso compromisos declarativos pueden abrir la puerta a alineamientos estratégicos, acceso a sectores sensibles y proyección de influencia extranjera. 

La supuesta flexibilidad del instrumento no es una garantía: es una zona gris que, sin vigilancia democrática y sin acceso público a su contenido, impide que la sociedad civil y los poderes públicos ejerzan control, evalúen implicaciones o formulen objeciones frente a disposiciones que pueden ser perjudiciales para el país. Este patrón, común en los procesos de incorporación al BRI, refuerza la preocupación por sus efectos acumulativos y el debilitamiento progresivo de la soberanía nacional.

Según la experiencia internacional y las advertencias de expertos, lo mínimo que se espera es que el Gobierno active los canales institucionales de consulta y deliberación. En particular, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y las Comisiones Segundas del Senado y la Cámara. Aunque se había anunciado una sesión extraordinaria, esta fue cancelada sin explicación, alimentando la percepción de opacidad y limitando el control político.

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La libertad económica y el desarrollo sostenible requieren instituciones democráticas sólidas, capaces de tomar decisiones transparentes y sometidas a control. No se trata de oponerse al comercio, a la inversión extranjera ni a las relaciones diplomáticas con China. Se trata de blindar a Colombia frente a acuerdos internacionales que puedan comprometer su soberanía e independencia.

El BRI ha operado, en numerosos países, como una plataforma de expansión estratégica del Partido Comunista Chino, que aprovecha la opacidad de sus acuerdos para financiar proyectos de infraestructura bajo condiciones no competitivas, insertar tecnología con potencial de vigilancia e influir en sectores clave como el transporte, la energía y las telecomunicaciones.

Varios países ya enfrentan esas consecuencias: Ecuador cayó en trampa de deuda al acumular el mayor endeudamiento de su historia con un solo acreedor, bajo contratos poco transparente y fórmulas de pago perjudiciales. Perú entregó el control de un puerto por tres décadas, por cláusulas abusivas y presión diplomática que obligó al Congreso a modificar su legislación. Italia, tras ser el único país del G7 en adherirse, optó por retirarse por el alto costo institucional. Estos no son hechos aislados, son parte de una práctica sistemática que constituye una advertencia.

Desde el ICP consideramos urgente suspender cualquier decisión sobre este acuerdo hasta que sea sometido a veeduría ciudadana y participación institucional, y se definan mecanismos claros de seguimiento sobre inversiones, préstamos y proyectos de infraestructura estratégica, como han hecho países como Australia o el Reino Unido. 

Es imprescindible publicar el acuerdo completo, activar los mecanismos de deliberación legislativa y garantizar que toda cooperación internacional responda a los principios democráticos, con transparencia y supervisión. La Ruta de la Seda puede parecer una vía de cooperación, pero sin reglas claras, es un camino hacia la pérdida de soberanía e independencia.