Desde el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga expresamos nuestra preocupación por la inclusión en la agenda de la Corte Constitucional de la revisión de la sentencia SU 163 de 2023, que podría llevar a su posible anulación a menos de un año de su aprobación inicial.

La Sentencia original aclara el estándar probatorio de la buena fe exenta de culpa de opositores en el proceso de restitución de tierras. Esta claridad, proveniente de la Corte Constitucional, aclara el entorno jurídico de numerosos ciudadanos que, sin haber tenido relación alguna con el conflicto en Colombia, propugnaron por inversiones y generación de desarrollo en áreas rurales bajo estándares de diligencia y responsabilidad.

La mutación de la corriente jurisprudencial pondría en riesgo la estabilidad jurídica y generaría incertidumbre en el sistema judicial colombiano.