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Aplanando dos curvas: parte 1

Autor: Pedro Rangel Mejía – Estudiante de economía en la Ludwig-Maximilians-Universität de Múnich, Alemania. Entre sus campos de interés se encuentra la Escuela Austríaca de Economía, la filosofía y la cultura.

Este contenido es responsabilidad exclusiva del autor y sus opiniones no comprometen la posición del ICP.

En los últimos días, a medida que la cuarentena en Colombia y el mundo ha avanzado, las discusiones en la opinión pública se han ido centrando en cómo compaginar la lucha contra el coronavirus con un adecuado funcionamiento de la economía. Naturalmente y, como era de esperar, los estamentos de la clase política no ven la hora de prender las impresoras y empezar un gasto deficitario sin antecedentes.

En los últimos días, a medida que la cuarentena en Colombia y el mundo ha avanzado, las discusiones en la opinión pública se han ido centrando en cómo compaginar la lucha contra el coronavirus con un adecuado funcionamiento de la economía. Naturalmente y, como era de esperar, los estamentos de la clase política no ven la hora de prender las impresoras y empezar un gasto deficitario sin antecedentes. Sin ir más lejos, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, afirmó el lunes en entrevista con Yamid Amat, que Colombia requiere transitar hacia “una economía como la de la Segunda Guerra Mundial” y que es imperativo “apagar la economía tres meses a que produzca (sic) sólo lo básico”.

Por otro lado, Juan Lozano, en su más reciente columna en El Tiempo, critica la lentitud del Banco de la República en tomar decisiones y sentencia que “(e)s una hora keynesiana. Esto, además de los esfuerzos del sector privado, solo se resuelve a punta de chorros potentes de gasto público, así se descuadre la regla fiscal” y que “(l)a apacible parsimonia analítica de los economistas no es admisible en estos momentos.” Por último, y de una manera similar, el congresista David Racero solicita, sin eufemismos y rodeos, que el Banco de la República debe “imprimir moneda”.

En otras palabras, López, Lozano y Racero hacen un irresponsable llamado a tomar decisiones excepcionales sin tener en cuenta que, a la larga, el remedio puede ser peor que la enfermedad. En cuanto a la propuesta de López, basta decir que es una barbaridad pensar que, con sólo la prestación de servicios básicos, se puede sobrevivir durante y después de la cuarentena. La magnitud de las consecuencias de su propuesta no es imaginable, pero lo que sí es cierto es que muchas empresas no tendrían las reservas suficientes para afrontar tres meses sin un sólo movimiento y estarían condenadas a quebrar. ¿Qué quedaría para después del apagón económico? ¿Qué pasaría si los bancos fueran esas empresas afectadas y se iniciara una crisis bancaria? Quedaría una economía destruida y pocas posibilidades para su restauración.

Sin contradecir a Claudia López, Juan Lozano y David Racero apelan a una solución que, casualmente, es la propuesta favorita y el lugar común más repetido por los economistas: el uso de la inflación (por medio de un aumento de la oferta monetaria) para financiar el gasto público y aumentar la demanda agregada. Sobre esta propuesta dos breves objeciones.

EN PRIMER LUGAR, es bien sabido que la inflación no es más que un impuesto silencioso, pero un impuesto, al fin y al cabo. En la medida en que el Banco de la República aumente la oferta monetaria, cada unidad monetaria tendrá un menor valor y, por lo tanto,el valor nominal de las deudas que el Estado colombiano haya adquirido en pesos, se abaratará. Ahora bien, ¿cuál es el costo real de esta operación para el ciudadano regular? Pues que el poder adquisitivo de sus ingresos y ahorros se reduciría (tal y como si pagara un impuesto) en detrimento del endeudamiento del estado colombiano. Y, ¿quiénes serían los más afectados? Aquellas personas que no puedan acceder a activos refugio (como el dólar, el oro o la plata) y que no tengan suficientes ahorros, es decir, los más pobres. De esta manera, la propuesta de Lozano y Racero terminaría afectando en mayor medida a quienes originalmente se habían propuesto proteger.

EN SEGUNDO LUGAR, mi objeción se basa en lo que Friedrich Hayek denominó su “test del buen economista”, test que busca evidenciar las falencias del pensamiento keynesiano y de su célebre propuesta del aumento contracíclico de la demanda agregada. La prueba de Hayek consiste en saber que la demanda por bienes (especialmente de consumo, lo que se busca mediante aumentos de la demanda agregada) no equivale a demanda por trabajo y, por lo tanto, no es una solución robusta para una crisis. Esto es así puesto que los aumentos de demanda agregada están, sobre todo, enfocados en estimular el consumo. De esta manera, sólo el empleo en sectores cuya producción sea cercana al consumo final se ve beneficiado, y no el empleo en sectores alejados de éste (por ejemplo: las siderúrgicas, las petroquímicas, la minería o la industria automovilística), sectores que, por demás, emplean una mayor cantidad de personas y son fundamentales para el funcionamiento general de la economía. Luego, en términos relativos, hay una menor demanda por los bienes producidos en las etapas más alejadas del consumo (bienes de mayor orden, como los economistas austríacos los denominan), por lo que las empresas de estos sectores se ven en la obligación de liquidar sus inversiones o, cuando menos, no aumentarlas. Así, pues, queda en evidencia una falacia fundamental en el sistema keynesiano que Lozano y Racero defienden. Por último, si a esto se añade que sólo los sectores fundamentales de la economía estarían funcionando, como Claudia López propone, la presión inflacionaria sobre los bienes de consumo (sobre todo los pertenecientes a la canasta básica) sería insostenible.

¿CÓMO APLANAR LAS DOS CURVAS?

Hasta este punto he expuesto los problemas que conllevan los dos tipos de propuestas que suelen ser concebidas como opciones por defecto. Lo que queda entonces por preguntar es, ¿qué hacer en cambio? Pues, si bien la crisis me parece inminente y, obviamente, este no es momento para reducir el elefantiásico estado colombiano a un estado minárquico, considero que sí es posible implementar políticas públicas para el alivio de la pandemia y de la recesión que no asfixien las finanzas públicas (y, por lo tanto, al ciudadano, que paga el costo de éstas mediante inflación o impuestos) por medio de una puesta en marcha gradual de la economía.

En otras palabras, así como la idea de aplanar la curva de contagios es ganarle tiempo al sistema de salud y, en lo posible, evitar el mayor número de contagios simultáneos, la esencia de mi propuesta es ganarles tiempo a las empresas, para evitar quiebras simultáneas y masivas, y ganarle tiempo al gasto público, para evitar rescates y subsidios de emergencia masivos, que a la larga serán contraproducentes.

Ahora bien, ¿cómo compaginar dos metas que, prima facie, parecen mutuamente excluyentes? En primer lugar, hay que tener en cuenta que, cada vez que las medidas de aislamiento sean aflojadas, los brotes de coronavirus volverán, esta pandemia es global y, hasta que no haya una vacuna o un antiviral, poco se podrá hacer para contrarrestar esa situación. En segundo lugar, si bien las medidas tomadas en Colombia han sido acertadas y han evitado la saturación del sistema de salud, el tiempo para evitar una Gran Depresión se agota y, justamente por eso, es imperativo pensar en cómo permitir que la economía vuelva a funcionar, en mayor o menor grado, en las próximas semanas.

En ese orden de ideas, parece que la respuesta está en medidas como las que han tomado los gobiernos de Corea del Sur y Alemania, y en políticas públicas como las sugeridas por el Nobel de economía Paul Romer o los profesores Michael y Laurence Kotlikoff. ¿Qué es lo que tienen en común estas políticas? El testeo masivo y regular de la población. En términos generales, la idea detrás de estas propuestas es poder aislar más eficientemente a la población, especialmente a aquellos portadores asintomáticos, y, mientras tanto, permitir que quienes no estén contagiados y no pertenezcan a grupos de riesgo puedan reintegrarse, al menos progresivamente, a sus actividades económicas. La condición necesaria, no obstante, para implementar esta política eficientemente, es el testeo regular, es decir, que sería necesario testear a los mismos sujetos regularmente y las veces que sean necesarias para poder aislarlos oportunamente. En un principio no sería descabellado testear a las 10 ó 15 personas más cercanas a cada positivo o, incluso, implementar un testeo aleatorio. Yo, adicionalmente, me permito añadir la que creo sería la condición suficiente (y que parece que Alemania está pronta a implementar), que sería el testeo de anticuerpos, y que permitiría saber qué tan robusta es la inmunidad dentro de una sección de la población. Esto permitiría calibrar mejor las restricciones en cada área del país.

Una política de testeo masivo es, en términos de costos reales y de oportunidad, infinitamente más barata que implementar extensivos programas de subsidios por quién sabe cuántos meses. En Alemania ya se habla de una capacidad de procesamiento de 500.000 pruebas a la semana (y subiendo); parte de esa capacidad se debe a que hospitales y laboratorios están desarrollando sus propios métodos. Colombia debería apuntar en esa dirección, bien sea importando masivamente o desarrollando nuevos métodos (y rezando porque el Invima no entorpezca el proceso).

Para finalizar, sólo resta decir que la implementación de este programa no tiene por qué ser financiada por medio de endeudamiento público, perfectamente se podría reasignar el Presupuesto General de la Nación y eliminar y/o reducir el presupuesto de múltiples entidades que en los últimos años no han aportado y han entorpecido el desarrollo del país (más sobre esta propuesta en la próxima entrada del blog). De esta manera, se pueden “matar varios pájaros de un tiro”: primero, la política de aislamiento selectivo y de testeo masivo permite tener la propagación del virus bajo control; segundo, permite que varios sectores de la economía se reintegren paulatinamente a su actividad, mitigando así las consecuencias de la recesión; y, tercero, si en vez de asumir un endeudamiento extraordinario se reasigna el PGN, la carga fiscal también puede ser mitigada.

Esta columna se publicó originalmente aquí

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