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El 20 de julio de 2020 más de 40 congresistas de diferentes bancadas radicaron en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 70 de 2020 con el propósito de atender la crisis sanitaria generada por el COVID 19.

La propuesta no es nada diferente de, sumado a la política monetaria acordada entre el gobierno y el Banco de la República de “quantitative easing”, un refrito de los viejos principios keynesianos y los nuevos preceptos monetaristas. Detrás de los tecnicismos, no hay nada más que un manojo de creencias erróneas: la primera, que hay un excedente importante de recursos ociosos, incluida una oferta de trabajo insatisfecha; la segunda, que los gobiernos son capaces de utilizar de forma rentable estos recursos, incluso, mejor que los mismos hombres versados en negocios, es decir, que los empresarios; y, la tercera, que el incremento del dinero es una especie de atajo para la inversión y el crecimiento económico.

En la economía no hay un exceso de recursos ociosos de forma aguda. Uno de los principios fundamentales de la ciencia económica, relegado por el keynesianismo, nos enseña que, entre otros problemas, la economía se ocupa de la escasez.

Suponer la abundancia de recursos inutilizados en inversión llevaría implícita la idea de que los precios del trabajo y de los bienes de capital tenderían a ser muy bajos, lo que no es el caso. Es cierto que los economistas reconocen de forma general un estadio de desequilibrio predominante, lo que supone excesos temporales de demanda y de oferta, pero es ingenuo esperar la inversión desde la burocracia y borrar de tajo la tendencia al equilibrio de los mercados y la capacidad de coordinación de los individuos, especialmente, la acción coordinadora de los empresarios.

Así, pues, al no haber un déficit agudo de carencia de inversión en los mercados, cualquier gasto gubernamental bebe de dos fuentes: o de un traslado ilegítimo de rentas de unos sectores a otros efectuada unas veces por medio de una política monetaria inflacionaria y otras por la vía de los impuestos; o de un gasto basado en deuda pública. El primer caso deviene en distorsión de los mercados y en pérdidas sociales de eficiencia, pues se reasignan los usos de los bienes de capital y se reducen las transacciones presentes, en otras palabras, pobreza; el segundo, deviene en lo mismo, pero agravado por el descuento en el tiempo, es decir, pobreza a tasas de interés.

Además, los gobiernos al pretender sustituir a los empresarios se enfrentan a dos problemas fundamentales: el primero consiste en que estos son incapaces de recabar la información suficiente que les permita hacer una asignación eficiente de recursos, pues, por las características mismas de la información, los planes de inversión solo son posibles con el uso del conocimiento derivado de la experiencia en contextos concretos e individuales. Debido a que no es así, las actividades de los gobiernos son propensas a tener sobrecostos, lo que los obliga a detestar la competencia y, por consiguiente, a establecer monopolios. El segundo problema fundamental consistiría en desconocer el marco de incentivos contrapuestos que envuelven la toma de decisiones de los funcionarios y que los lleva repetidamente a sobreponer sus intereses particulares sobre los de los ciudadanos.

Por otra parte, la política monetaria es, por su nivel de tecnicidad, una de las estratagemas favoritas que utilizan los gobiernos para superar las crisis, pues, por una parte, se les escapa a las personas de a pie la posibilidad de entender los fenómenos monetarios.

El ejecutivo se puede pasar por la faja el control legislativo sobre los impuestos y, por último, a corto plazo se impulsa la inversión, aunque de manera insostenible, lo que mejora temporalmente los indicadores macroeconómicos que tanto les importan a los gobiernos.

El mecanismo, grosso modo, es más o menos como se explica a continuación: en una economía sin pesimismo exacerbado (es decir, la trampa de la liquidez no está operando), una bajada de las tasas de interés se esperaría que llevara al incremento de moneda circulante y estimulara el consumo. Así, habría la desaparición de los presuntos inventarios ociosos y la absorción de la mano de obra, es decir, se daría el pleno empleo. Pero la aplicación de esta idea de efectos cortoplacistas obvia el fino balance que existe entre el ahorro y la inversión, lo que se traduce, en el mediano y largo plazo, en descoordinación de los procesos productivos, en fuertes tendencias inflacionarias, en devaluación de la moneda y en recesiones frecuentes.

Cámara de Representantes de la República de Colombia

La propuesta de subir los impuestos a la renta, a los dividendos, a las ganancias ocasionales y al patrimonio radicada al principio del segundo periodo legislativo de este año para financiar la crisis del COVID-19, aprieto causado, sobre todo, por los cierres de las economías y no por la enfermedad, es un acto confiscatorio que equivale a un disparo en el pie, pues no solo traerá desempleo, pobreza e inmovilidad social, caldo de cultivo para la violencia, sino que espantará la inversión, profundizará los déficits de la balanza comercial, presionará la devaluación del peso, aumentará la deuda, agravará la calificación de riesgo, incrementará el asistencialismo, encarecerá el crédito y fomentará la corrupción y la mala inversión de nuestros recursos, en otras palabras, agravará y alargará la recesión, con el riesgo que la inconformidad social que traiga la pobreza se convierta en la vía hacia el socialismo.

Por su parte, debe tenerse en la cuenta que no ha habido en la historia de la humanidad una sola nación que haya prosperado a punta de incremento en los impuestos, en fijaciones de precios y en rigidez del mercado laboral.

Adicionalmente, tengamos en la cuenta que Colombia ya ocupa el vergonzoso lugar de ser, según la OCDE, el sexto país que cobra más impuestos a las empresas y que nos ubicamos en la mediocre posición 57 del ranking de competitividad de las economías del Foro Económico Mundial, lo que hace que subir la carga tributaria en estos momentos sea un acto suicida.

No nos olvidemos que el mundo anglosajón y la Alemania de posguerra hace tiempo nos enseñaron que los caminos de la prosperidad consisten en senderos de libertades individuales, de libertades políticas, de libertad de mercados y de estabilidad normativa e institucional. Lo contrario es dirigirse por las vías del socialismo y la miseria.

Autor: Manuel Salazar Coordinador de Asuntos Económicos del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga.

Este contenido es responsabilidad exclusiva del autor y sus opiniones no comprometen la posición del ICP.

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