Bogotá, D.C., agosto de 2018
Contexto

El Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera suscrito en 2016 entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC contiene no sólo las disposiciones más habituales en este tipo de figuras, sino que incorpora temas que atañen de manera directa a las condiciones y perspectivas de desarrollo económico y el progreso social, especialmente de la ruralidad y, en particular, de las zonas más afectadas por la confrontación armada.

En efecto: junto con previsiones relativas al desarme, desmovilización y reintegración; a la transición de la organización armada a la vida política; y al modelo de justicia transicional (ius post bellum); se encuentran en el Acuerdo otras relativas a la reforma rural integral –no sólo en función de la reintegración económica de los ex combatientes sino del mejoramiento de las condiciones de los territorios– y al problema de las drogas ilícitas –incuestionablemente, uno de los combustibles de distintas formas de violencia en Colombia.

(*) Director Académico, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
(**) Investigador Asistente, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
(***) Pasante de Investigación, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga

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