Tanto se habla de “nueva normalidad” que deberíamos aprovechar y hablar de una “nueva ruralidad”
Las crisis, como la generada por la COVID-19, son procesos en donde se pierden y se ganan cosas. Por eso, a pesar del afán diario que exige la emergencia, también debemos, paralelamente, pensar qué vamos a ganar o perder en función de nuestros recursos y capacidades disponibles. Tenemos que respondernos qué queremos perder y qué queremos ganar como sociedad.
El propósito de esta reflexión es el de identificar las oportunidades de progreso económico y social para Colombia. Por eso, el ICP ha hecho un llamado a la acción para construir un gran acuerdo sobre lo fundamental para el desarrollo integral del sector rural.
Se trata de poner en el centro de la acción público-privada la búsqueda de alternativas realizables que sirvan para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población rural, para generar las condiciones que permitan su movilidad social y la superación de la pobreza.
Para esto, es fundamental promover las reformas que garanticen la seguridad jurídica sobre la propiedad privada, que modernicen la institucionalidad, eliminando trámites y barreras que causan informalidad, y garantizando el acceso a bienes y servicios públicos.
Se trata de un gran acuerdo mínimo, que deje atrás la condena a la que se ha sometido el campo colombiano y, a cambio, consiga sembrar una nueva ruralidad. Un nueva ruralidad en donde se defina, materialice y sostenga en el tiempo políticas de Estado que liberen el potencial del sector rural. Una donde se integre al pequeño y mediano productor, la agricultura familiar, y al sector agroindustrial en un esquema de coexistencia, complementariedad y asociatividad.
La imposibilidad de lograr acuerdos políticos o entendimientos sociales alrededor de un modelo de desarrollo rural ha echado a perder lo mejores frutos que puede ofrecer la tierra colombiana. Y por si eso fuera poco, además el tema suele desaparecer del debate público en medio del ruido de la política pequeña. Pocas veces lo rural se pone de moda. Y así, entre el olvido y la falta de acuerdos mínimos van pasando los gobiernos.
Es cuestión de voluntad política, como todo. Sobre propuestas concretas se pueden empezar a sumar – o sea, a convencer– diferentes tomadores de decisión del sector público (del gobierno, del Congreso, y también de la justicia), líderes del sector empresarial y de la ciudadanía activa. Propuestas que tengan como objetivo ir sentando bases fundamentales para la mejora de la productividad y competitividad rural.
En este sector, campesinos, trabajadores rurales y empresarios han dado sobradas muestras de su vocación por la mejora y superación permanente, incluso en condiciones hostiles.
Corresponde despejarles el camino para que ellos mismos, como lo han hecho antes, hallaren el éxito emprendedor.
Pocos se atreverían a decir que dentro del catálogo de oportunidades del país no se encuentra el campo colombiano. Lo que procede entonces es ir trazando la agenda, hablando y agrupando fuerzas para concertar las soluciones a los problemas de la actual ruralidad: títulos y derechos de propiedad, bienes públicos, crédito, comercialización, encadenamientos productivos, asociatividad e integración a cadenas de valor globales, empleo rural, cambio tecnológico, entre otros tantos.
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