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Hablemos de superintendencias… a propósito de la investigación a un humorista

Autor: Javier Garay – PhD – Docente Investigador – OASIS. Docente e investigador de la facultad de finanzas, gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

Este contenido es responsabilidad exclusiva del autor y sus opiniones no comprometen la posición del ICP.

Sanciones a Uber. Nadie dijo nada. Investigación a Rappi. Celebración en diversos círculos. Prohibición de Uber en Colombia. Impotencia. Investigación a un humorista. Indignación y preocupación.

Con avances en el poder del Estado aplica el poema que se le atribuye a Bertolt Brech de “Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde”. Solemos tolerar sus excesos y abusos, en tanto no seamos directamente los afectados o estamos de acuerdo con el objeto de esos abusos. ¡Lo que no nos gusta, que lo prohíban!

No pensamos en las consecuencias del exceso en la acumulación de poder, que no se detiene ante aquéllos fenómenos que nos disgustan a todos, sino que adquiere vida propia y eventualmente comienza a afectar incluso aquéllos asuntos en los que la justificación de la acción estatal es borrosa…o dudosa.

Algunos sostendrán que la comparación que hago no es pertinente. Una cosa es perseguir empresas, más las que nos causan malestar; otra muy diferente es ir en contra de personas particulares, más si éstas son opositores del gobierno de turno.

Y pueden ser temas diferentes, con implicaciones diferentes. Pero la causa de la persecución es la misma. Por ello, su solución pasa por esta discusión, así resulte incómoda para muchas de las creencias que compartimos. Limitar el poder del Estado puede generar muchos temores, pero es la única forma para evitar la desprotección de los ciudadanos frente a él.

Y una de las muchas formas como se ha extendido el poder del Estado es a través de la creación de organizaciones administrativas como las superintendencias. Por su naturaleza, éstas concentran tareas ejecutivas, judiciales y regulatorias; además, de no rendirle cuentas a nadie; y, aunque tengan pretensiones de ser técnicas, responden a intereses políticos de los gobiernos de turno.

Claro que puede haber justificaciones para su existencia: la supuesta necesidad de evitar los efectos indeseados en sectores considerados sensibles como los del comercio, la seguridad privada, el sector financiero, la salud o el de servicios públicos domiciliarios.

Sin embargo, esa justificación está basada en dos problemas de concepción. De un lado, parte de asumir que los efectos negativos en cualquiera de esos sectores es resultado de la libre competencia. Del otro, que esos problemas se resuelven, necesariamente, a través de la vigilancia y regulación.

En el primer caso, se olvida que muchos de esos sectores han sido históricamente objeto de manipulación directa del Estado. Esto ha hecho que se creen dinámicas de capitalismo clientelista, en las que lo que determina el éxito de una empresa no es su participación en el mercado, sino sus conexiones políticas. Así las cosas, los efectos negativos que se presumen y, en algunos casos, se observan (cartelización, baja calidad o abusos en contra de consumidores) pueden deberse a esa intervención y no a una inexistente libre competencia.

El segundo supuesto se equivoca en que una mayor regulación y vigilancia no necesariamente resuelven los problemas, en caso de presentarse. Habría que medir cuáles son los efectos negativos de la acción estatal y compararlos con los que generaría una situación de libertad de esos sectores. No obstante, estos cálculos no existen por dos razones. Por un lado, no sabemos realmente qué efectos indeseados tendrían esos sectores en ausencia de la intervención estatal. Por el otro, no es atractivo hacer el cálculo porque existe una creencia compartida que asume al Estado como un ente todopoderoso que puede resolver absolutamente todos los males que resulten de la libre interacción entre individuos.

Pero, los costos de la acción estatal existen. Los más obvios son, además de los mencionados (concentración de poderes, no rendición de cuentas, intereses políticos por más esfuerzos técnicos que se hagan), los costos asociados a una mayor burocracia estatal. Pero estos son apenas la superficie.

Debajo de ellos se esconden fenómenos que resultan siendo muy costosos para nuestra sociedad como la limitación de la competencia, la incertidumbre regulatoria (no solo por los cambios que se hacen, sino por la cantidad de decisiones que se toman constantemente y que son de difícil rastreo para tomar decisiones económicas) y la perpetuación de dinámicas de capitalismo clientelista.

En últimas, todos esos efectos sumados llevan a la consolidación de un Estado ilimitado, que actúa en consecuencia, haciendo, en algunos casos, lo que muchos desean (como desquitarse de empresas específicas porque nos molesta su existencia o lo que consideramos como decisiones negativas), pero, en muchos más, arrasando con derechos que son el pilar de una sociedad abierta.

Ojalá el caso actual, de indignación (casi) colectiva por la investigación a un humorista que hizo un uso indebido de imágenes de los hijos del presidente sirviera, más que para la molestia oportunista de los opositores, para replantear la utilidad, efectividad y necesidad de organizaciones como las superintendencias.

La libertad no puede ser excusa en algunos casos, sino un principio de decisión que no siempre genera los resultados deseados en coyunturas específicas, pero que nos permite protegernos de que, al final, en algún punto, los perseguidos seamos nosotros.

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