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El ICP propone un “GRAN ACUERDO SOBRE LO FUNDAMENTAL PARA EL CAMPO COLOMBIANO”

El Observatorio Legislativo que desarrollan conjuntamente el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS), llevó a cabo su segunda Mesa de Expertos de manera virtual, en la que participaron más de 90 personas entre ellos, 12 congresistas de distintos partidos políticos de gobierno, independientes y de oposición, miembros del cuerpo diplomático, de la academia, líderes del sector empresarial y representantes de la sociedad civil.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Enrique Zea, presentó las acciones diseñadas por el gobierno para transformar el campo de forma integral, mejorando la calidad de vida de los campesinos. Especial reconocimiento se hizo a la nueva política de catastro multipropósito, con la que se espera lograr la actualización de la información catastral del 100 % de los predios para el 2025.

Se destacó que Ley de Tierras presentada por el gobierno anterior traía consigo elementos importantes e innovadores, y había sido sometida con éxito a un proceso de consulta previa, que costó alrededor de 30.000 millones de pesos. Por lo que se consideró necesario no desaprovechar dicho esfuerzo y usarlo para impulsar una nueva iniciativa legislativa que ayude a resolver temas estructurales.

Frente a las problemas identificados, el Instituto de Ciencia Política propone comenzar a trabajar en un “GRAN ACUERDO SOBRE LO FUNDAMENTAL PARA EL CAMPO”, que sea incluyente y permita la coexistencia entre el pequeño productor campesino, con su agricultura familiar, y el productor agroindustrial. Este Gran Acuerdo buscará un consenso nacional alrededor de los siguientes temas:

  • Un marco normativo que garantice la certidumbre y la seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra, especialmente para los poseedores de buena fe, y que resuelva las deficiencias en los otorgamientos de los títulos de propiedad en el sector rural y los cuellos de botella de los procesos para la adjudicación de baldíos
  • Resolver las limitaciones que impone el uso de las Unidades Agrícolas Familiares-UAF, como criterio para el ordenamiento social de la propiedad rural, dando paso a unas relaciones de mercado en el sector rural que liberen su potencial, implementando las Zonas de Desarrollo Empresarial, y facilitando los mecanismos para las Zidres y para las Zonas Francas Agroindustriales.
  • Resolver la problemática de la informalidad laboral rural, especialmente para los jóvenes, considerando modelos de empresa privada que brinden asistencia técnica y capacitación, con miras a mejorar la competitividad y la generación de riqueza.

Durante el 2020 el Observatorio Legislativo llevará a cabo otras cinco Mesas de Expertos que aporten al diálogo político y a la agenda legislativa del país.

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