Alta inflación: no son las empresas, son las decisiones gubernamentales
19 de enero de 2023
/ Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
El pasado lunes 15 de enero, el Ministerio de Hacienda publicó el documento Sellers´ inflation en Colombia. En su pronunciamiento sobre el estudio, aseguraron que “la contribución de las utilidades de las firmas a la inflación tras la pandemia ha sido mayor en varios países, superando la de los costos laborales”, además, que han sido estas utilidades “el factor que más ha aportado al aumento de la inflación, lo que estaría asociado, principalmente, a un mayor poder de mercado de las empresas, luego de la pandemia”.
La posición del Gobierno del presidente Gustavo Petro de responsabilizar a las empresas y sus utilidades por la presión inflacionaria ha generado debate en la opinión pública sobre quién o quiénes son los culpables del comportamiento de este indicador.
En el ICP a través del Observatorio Económico hacemos seguimiento y análisis de la economía del país. Por lo que, consideramos indispensable explicar cuál es la verdadera causa de este fenómeno sin recurrir a sesgos ideológicos:
Contrario a lo que propone el Gobierno, la inflación no es el resultado de las utilidades empresariales. Una alta tasa de inflación se origina principalmente como resultado de una política monetaria expansiva y del aumento ineficiente del gasto público.
La conclusión del gobierno más ideológica que técnica, desconoce que las ganancias empresariales son producto del proceso de producción de bienes y representan la porción restante de los ingresos después de cubrir gastos, impuestos y salarios de los empleados, los cuales se han incrementado debido a la inflación.
La idea errónea de que la inflación se debe a las ganancias asume equivocadamente que las empresas pueden aumentar precios indiscriminadamente de manera sostenida y que los consumidores constantemente están dispuestas a pagar más sin reaccionar.
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Con este argumento, además se está omitiendo que el Estado grava parte de las ganancias vía impuestos los cuales redistribuye mediante gasto público (usualmente de manera ineficiente) limitando incentivos y posibilidades de inversión.
En últimas, se está desconociendo que la inflación se produce ante los cambios subyacentes en la economía cuando se aumenta la oferta monetaria para “incentivar” el consumo, lo que distorsiona las señales del mercado, especialmente los precios, imposibilitando los ajustes. En el caso Colombiano la expansión monetaria entre 2020 y 2021 produjo consecuencias inflacionarias en 2022 y 2023 que el Banco de la República está tratando de revertir con una alta tasa de interés de intervención.
Cómo controlar la inflación en el contexto colombiano
Pese a la visión del Gobierno de la política monetaria y fiscal, Colombia se está recuperando lentamente de la inflación, en gran medida porque el Banco de la República ha aplicado políticas monetarias contractivas, como el aumento de la tasa de interés de intervención, lo que ha dado resultados en la reducción de la variación inflacionaria en los últimos meses.
Los bancos centrales en diversos países han adoptado medidas similares, reconociendo su eficacia para controlar el exceso de oferta monetaria y, por lo tanto, reconociendo implícitamente que la inflación es un fenómeno monetario a causa de la emisión.
Estas medidas tienen efectos significativos en las tasas de interés, afectando tanto al sector productivo como al consumidor. Para que estas tasas puedan disminuir, es necesario primero reducir la inflación, ya que hacerlo sin que esta baje significativamente podría generar un nuevo ciclo inflacionario.
Es esencial que el Gobierno asuma la responsabilidad de sus acciones, respete la independencia del Banco de la República, cuya misión constitucional es proteger a los ciudadanos de inflaciones que superen el 3% anual, y cumpla con la regla fiscal.
Para contrarrestar la inflación, un fenómeno inherentemente monetario, es necesario:
1) Disminuir la expansión de la oferta monetaria y reducir la intervención gubernamental en la economía.
2) Establecer condiciones propicias para que las empresas impulsen incrementos en la productividad, contribuyendo así a mitigar los efectos adversos de las políticas gubernamentales.
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