El ICP propone soluciones estructurales para enfrentar la inseguridad urbana y la extorsión en Colombia

En el marco del IV Encuentro de Secretarios de Seguridad, Interior y Gobierno que se llevó a cabo en Bucaramanga, el Instituto de Ciencia Política presentó un análisis sistémico de la seguridad urbana y la extorsión en Colombia, así como propuestas de política pública para enfrentar ambos fenómenos. 

Sobre la seguridad urbana

Carlos Augusto Chacón Monsalve, director ejecutivo del ICP, presentó un diagnóstico que evidencia que la inseguridad no responde a hechos aislados, sino a dinámicas interconectadas que generan círculos viciosos que perpetúan la violencia, impunidad y desconfianza.

Entre los nodos críticos identificados por el ICP se encuentran:

• Debilidad del rol de la autoridad local: los alcaldes tienen la responsabilidad política de la seguridad, pero carecen de autoridad real y mando directo sobre las operaciones policiales.
• Insuficiencia de recursos financieros: la estructura de financiación es inadecuada, obligando a los municipios a asumir competencias sin los recursos necesarios. Este es, además, un cuello de botella crítico, ya que sin un flujo estable de recursos, es imposible invertir en tecnología, personal o capacidades de análisis.
• Erosión de la confianza y legitimidad institucional: la percepción de impunidad e ineficacia hace que los ciudadanos no denuncien, creando un círculo vicioso: el Estado no tiene información porque no hay confianza.
• Falta de capacidades de inteligencia y análisis: el problema no es solo la falta de acceso a datos, sino la incapacidad para transformar esa información en inteligencia accionable, lo que condena al Estado a una gestión reactiva.
• Alta impunidad y fallas en la judicialización: las altas tasas de impunidad anulan el esfuerzo policial, desmoralizan a la Fuerza Pública y envían el mensaje de que delinquir tiene pocas consecuencias. Este es otra problemática, ya que el esfuerzo policial se pierde y la reincidencia se dispara si el sistema judicial no procesa los casos de manera efectiva.

Como respuesta táctica, el ICP presentó las siguientes propuestas de Política Pública:

Impulsar una Ley de Seguridad Urbana:

• Clarificar el rol del alcalde, otorgándole herramientas de mando y control real sobre la operatividad policial en su territorio.
• Establecer fuentes de financiación directa y sostenible para la seguridad urbana, que correspondan a las competencias asignadas.
• Reemplazar el exceso de comités por instancias de coordinación regional y metropolitana con poder decisorio vinculante, metas claras y mecanismos efectivos.

Implementar un Plan de Choque a la Impunidad:

• Crear brigadas móviles de justicia para resolver la situación jurídica de personas en detención transitoria.
• Definir mediante un proyecto de ley, las responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno en el marco del sistema penal y carcelario.
• Invertir en sistemas locales de justicia y fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos para evitar que escalen al sistema penal.

Crear un Sistema Nacional de Inteligencia Territorial 

• Fortalecer la capacidad de análisis local con la creación de unidades de recolección de información para la gestión territorial de la convivencia, seguridad y justicia.
• Garantizar el acceso a datos mediante acuerdos vinculantes y protocolos de interoperabilidad para que las entidades nacionales compartan información de calidad, granular y en tiempo real con los municipios.
• Innovar en fuentes de información, escalando y replicando experiencias como la de Cali con datos de comparendos.

Sobre la extorsión en Colombia

Ha sido identificada como un delito persistentemente subregistrado, lo que genera un diagnóstico irreal de su magnitud y un alto costo social y económico para las ciudades y la seguridad en general. Estos hallazgos se han identificado en el marco de las actividades (publicaciones y eventos) del Policy Lab del ICP, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) y fueron presentados en Bucaramanga por el investigador asociado del ICP, Daniel M. Rico.

Los  principales problemas identificados:

Ausencia de un diagnóstico realista de la extorsión:

• Existe una falta de entendimiento preciso que diferencie las modalidades   de extorsión.
• Extorsión carcelaria.
• Extorsión directa e individual in situ.
• Extorsión industrial y formalizada.
• Hay una tendencia a la minimización del fenómeno, categorizándolo bajo otros tipos penales como el constreñimiento o la extorsión carcelaria.

Roles y misiones trastocados:

• Los GAULA de la Policía y el Ejército son las únicas entidades enfocadas en la prevención de la extorsión.
• No está trabajando activamente en la disuasión.
• El componente judicial permanece paralizado, a menudo bajo el argumento, considerado falso, de la falta de denuncia.

Estrategia judicial deficiente o inexistente:

• Existe una fuerte dependencia de la denuncia para iniciar acciones.
• No hay un plan de inteligencia claro para liderar operaciones contra este delito.
• Los tiempos procesales son ineficaces; por ejemplo, el control de legalidad para solicitar datos de llamadas se demora semanas, no horas.
• Se observa una descoordinación a todos los niveles; como ejemplo, se instaló un GAULA en el Magdalena Medio al mismo tiempo que la FGN fue retirada.
• No hay seguimiento a las denuncias, como se evidenció en el caso de La Loma, Cesar.

Pérdida de confianza de las víctimas en el Estado:

• En varios barrios y veredas, el pago de extorsiones es la norma y no la excepción, lo que plantea un dilema ético sobre la financiación del terrorismo.
• Las entregas controladas ya no son funcionales, lo que afecta la base operativa y aumenta el riesgo para las víctimas y los agentes.
• Incluso los GAULA que eran efectivos, como el de Casanare, se han saturado y no dan respuesta.

En respuesta a estas problemáticas el ICP presentó las siguientes propuestas de acciones para las alcaldías:

Prevención:

• Algunos tipos de extorsión pueden reducirse con campañas de prevención.
•  La campaña tradicional de “Yo no pago, yo denuncio” debe replantearse para ser más efectiva.

Disuasión Localizada:

• Implementar intervenciones específicas por barrios o sectores económicos.
• Las alcaldías deben asumir el liderazgo para convocar a la Fiscalía General de la Nación (FGN), los GAULA y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
• Proponer un plan de trabajo basado en inteligencia, no dependiendo exclusivamente de las denuncias.

Judicialización:

• Hacer una gestión efectiva con las unidades de Policía Judicial.
• Individualizar a las cabezas de las organizaciones criminales.
• Presentar macro-casos a la FGN y hacer un seguimiento estricto a las órdenes judiciales.

Al finalizar el encuentro, el director ejecutivo del ICP, Carlos Augusto Chacón, subrayó que enfrentar la inseguridad urbana y la extorsión requiere transformaciones estructurales y no medidas aisladas: “La clave está en intervenir las palancas críticas que sostienen los círculos de violencia e impunidad. Solo así podremos avanzar hacia una seguridad más eficaz, legítima y sostenible en las ciudades colombianas”.

El espacio fue organizado por la Secretaría del Interior de Bucaramanga, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP). Reunió a secretarios de seguridad, interior y gobierno de ciudades capitales para revisar el árbol de problemas del Sistema de Seguridad Urbana e intercambiar experiencias y estrategias frente a problemáticas comunes.