Es urgente corregir la Política de Paz Total
20 de septiembre de 2023
/ Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
Hacemos un llamado urgente al Gobierno nacional para replantear la Política de Paz Total, ya que su implementación está generando graves riesgos para la seguridad del país.
Si los grupos armados continúan fortaleciendo su control territorial y las economías ilícitas, la población sufrirá más violencia y criminalidad, y los procesos electorales de 2026 estarán en peligro. Desde el ICP, advertimos que las negociaciones de paz deben llevarse a cabo con líneas rojas claras y un enfoque que evite que los grupos armados ganen poder y legitimidad.
El deterioro de las condiciones de seguridad está directamente vinculado con la disminución de las capacidades del sector defensa. Para revertir esta tendencia, se requiere un plan estratégico integral y un compromiso presupuestal a largo plazo que permita enfrentar, disuadir y desarticular de manera efectiva a los grupos criminales.
Sólo así se podrán garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de economías lícitas en las zonas más afectadas por la violencia. Es crucial corregir el rumbo de la Paz Total para evitar que el Estado continúe cediendo terreno ante estos grupos.
Las principales razones del fracaso de la Política de Paz Total son:
- Falta de un enfoque claro: no se ha definido una ruta concreta para desarticular a los grupos armados ni para garantizar los derechos de las víctimas.
- La política permite el reconocimiento político a estructuras criminales que no deberían tenerlo y busca implementar acuerdos parciales para la transformación de los territorios entre el Gobierno y estos grupos, lo que podría crear condiciones para una cogobernanza armada.
- Fortalecimiento de los grupos armados: según la Defensoría del Pueblo entre 2022 y 2023, el ELN aumentó su presencia de 149 a 232 municipios, y el Clan del Golfo de 213 a 392 municipios, afectando a 24 departamentos.
Y de acuerdo con un informe oficial de las autoridades colombianas, los Grupos Armados Organizados han aumentado su presencia y se enfrentan por el control territorial, afectando a la población con violencia y gobernanza criminal.
4. La inseguridad ha aumentado. Durante las negociaciones, los grupos criminales como el ELN se han fortalecido militarmente y expandido su control territorial, afectando gravemente la seguridad.
Desde 2019, los secuestros han aumentado un 53% y las extorsiones un 33.5%, según la Fundación PARES. Además, ha habido un incremento en masacres, desplazamientos y violencia contra líderes sociales.
5. Los cese al fuego se han incumplido. El ELN y las disidencias de las FARC han violado los ceses repetidamente, y los mecanismos de verificación no han sido efectivos, sin pronunciamientos ni informes oportunos que permitan hacer un seguimiento adecuado.
6. Falta de voluntad de paz. A pesar de las negociaciones, los grupos armados mantienen extorsiones, secuestros y violencia contra la población. El ataque del ELN en Arauca demuestra que estos grupos no se sienten disuadidos por la Fuerza Pública y no tienen intenciones de cesar la violencia.
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En agosto, según la Defensoría del Pueblo, 45 mil personas estuvieron confinadas en el Chocó durante el paro armado del ELN. Entre 2022 y 2024, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, registraron 216 masacres con 694 víctimas, afectando principalmente a Valle del Cauca, Cauca y Antioquia.
Reiteramos la necesidad de reformular esta política y de fortalecer las capacidades del Estado para evitar que los grupos armados continúen expandiendo su control territorial y las economías ilícitas. Es imprescindible corregir la Política de Paz Total para garantizar que Colombia avance hacia una paz real y sostenible.
