Exigimos al ELN el cumplimiento del acuerdo de cese al fuego bilateral con el Gobierno nacional

Desde el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga rechazamos y condenamos el secuestro del señor Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz. Quien fue secuestrado por una unidad perteneciente al Ejército de Liberación Nacional – ELN, de acuerdo con la delegación del Gobierno colombiano en los diálogos de paz. 

Exigimos al ELN que cumpla con el anunció que hizo Juan Carlos Cuellar, gestor de este grupo, sobre la pronta liberación del señor Luis Manuel Díaz, garantizando su vida e integridad física. 

Estos hechos no pueden volver a suceder con ninguna persona, y mucho menos en medio de una negociación. Dichos actos minan la credibilidad del proceso y constituyen una violación a las restricciones acordadas en el cese al fuego que se firmó entre el Gobierno nacional y el ELN en julio del presente año, el cual según el Decreto 1117 de 2023 estaría vigente desde el 3 de agosto hasta enero de 2024.

Hacemos un llamado a las organizaciones que integran el mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego, Fuerza Pública y Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Conferencia Episcopal de Colombia y la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas – ONU en Colombia; para que se pronuncien y emitan los conceptos que sean necesarios calificando este hecho y todos los demás que surjan. 

De no cesar este tipo de actividades criminales contra la población civil, carece de sentido contar con una instancia que contribuya a la construcción de un acuerdo nacional como el Comité Nacional de Participación – CNP, si no hay un mínimo de respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario por parte del ELN.

Distintos sectores han confiado en la búsqueda negociada de la paz al vincularse al mecanismo de participación ciudadana, esperando que el acuerdo que se alcance permita terminar de manera definitiva con todas las hostilidades y violencias a las que el ELN tiene sometida a la población civil en los territorios. 

El Gobierno nacional tiene el mandato constitucional de garantizar las condiciones de seguridad para el ejercicio de las libertades y el goce de derechos, por lo que, debe adoptar una posición firme en la mesa de negociación al tiempo que despliega todas las capacidades institucionales para la pronta liberación de las personas que se encuentran secuestradas. 

Como lo dijimos desde el inicio de las negociaciones, deben existir líneas rojas para evitar que el ELN o cualquiera de sus estructuras instrumentalicen el proceso de negociación y busquen sacar ventajas militares del cese al fuego.