Las iniciativas para una Reforma a la Justicia, que la hagan más efectiva, eficiente, transparente y legítima, han sido la constante en el país durante los últimos 20 años. Ya sea por medio de Proyectos de Acto Legislativo o leyes estatutarias se ha intentado fortalecer el sistema judicial para garantizar mayor seguridad jurídica, extirpar la corrupción y disminuir los índices de impunidad. Sin embargo, los intentos han sido tan numerosos como los fracasos, sin que hasta la fecha se hubiere logrado sacar adelante una reforma integral que permita adoptar las modificaciones necesarias para modernizar la justicia y corregir las fallas estructurales. Superar las deficiencias institucionales y administrativas de la justicia requiere la adopción de un marco legal que permita despolitizar la justicia y desjudicializar la política.