La propuesta de Reforma Laboral afecta el empleo, la formalización, la competitividad y la seguridad social

Intervención

Carlos Augusto Chacón

Director ejecutivo Instituto de Ciencia Política (ICP)

Sesión Plenaria de la Cámara. Lunes 12 de agosto de 2024

Este Proyecto de Ley parte de una premisa que se aleja de la realidad económica y del mercado laboral colombiano: “que más regulaciones, controles salariales y prohibiciones sobre las empresas formales, no generan impactos negativos sobre la informalidad  y el desempleo”.

Sin embargo, la realidad es otra: la informalidad y el desempleo están fuertemente correlacionados con las regulaciones que distorsionan el mercado laboral, impiden la formalización y la generación de empleos acorde a las dinámicas y realidades de los distintos sectores.

Un claro ejemplo es el campo colombiano, en el que la informalidad alcanza el 84%. En estas zonas, la falta de seguridad física, de garantías de los derechos de propiedad privada y de rigideces laborales impiden la creación y fortalecimiento de empresas agroindustriales y, por ende, la generación de empleos formales.

En los últimos dos años hemos presentado al Congreso de la República una serie de recomendaciones para que se adopten ajustes que incentiven el empleo formal y el crecimiento económico como vías para la movilidad social y la superación de la pobreza. 

Para mejorar el empleo, formalizar y permitir que las empresas puedan crear valor y generar riqueza se requieren condiciones para garantizar la libertad económica:

Este año, usando la metodología del Indicador de Afinidad con la Libertad Económica -IALE- del Instituto de Ciencia Política, el cual mide la afinidad de proyectos de ley en curso, leyes aprobadas y congresistas, con la libertad económica; el texto aprobado de Reforma Laboral en primer debate en Comisión Séptima de la Cámara obtuvo 32,6 %, indicando, un nivel de afinidad bajo con la libertad económica.

Evidencia que concuerda con indicadores internacionales como:

• En el Índice de Libertad Económica 2023 del Fraser Institute de Canadá, Colombia obtuvo un puntaje de 5,81 sobre 10 en la categoría de regulación del mercado laboral. Esto demuestra que en Colombia existe elevada interferencia del Gobierno en el mercado de trabajo, imponiendo normativas onerosas que limitan el derecho a contratar o trabajar, mediante regulaciones relacionadas con la fijación de salarios mínimos, regulaciones de contratación y despido, determinación inflexible de salarios, costos elevados de despido e interferencia para contratar mano de obra extranjera.

• En el Índice de Libertad Económica 2024 de la Heritage Foundation de Washington, el país obtuvo un puntaje de 62 sobre 100 en la categoría de libertad del mercado laboral, evidenciando un nivel intermedio de complejidad para que las empresas contraten libremente mano de obra.

• En el Índice de Prosperidad 2024 del Legatum Institute de Londres, Colombia se ubicó en la posición 85 entre 164 países evaluados en la categoría de calidad económica, esto quiere decir que el país se ubica dentro del 48 % de los países con condiciones menos favorables para que la economía esté en capacidad de generar riqueza de manera sostenible y con plena participación de la fuerza laboral.

De acuerdo con la medición de IALE (Indicador con la Afinidad Económica), la Reforma Laboral tendría efectos negativos a corto plazo sobre el empleo, la formalización, la competitividad y la seguridad social que dificultarían la reactivación y el crecimiento económico del país, esto por qué:

1. Disminuiría el empleo formal: la aprobación del Proyecto de Ley disminuiría el empleo formalmente constituido al incrementar sus costos laborales (Fenalco calcula un incremento de 30%) y de transacción a razón de nuevas restricciones impuestas:

• Restricción en el uso de los contratos a tiempo parcial: permitidos únicamente para pequeñas empresas, limita la flexibilidad tanto para empresas como para trabajadores e impide a las empresas más grandes adaptar su producción y fuerza laboral a diferentes modalidades empresariales.

• Estabilidad laboral reforzada: restricciones para el despido de trabajadores, aumentan los costos de indemnizaciones, trámites legales y riesgos. Las empresas pueden verse obligadas a mantener empleados, incluso cuando no es técnica, organizacional o económicamente viable, lo que podría llevarlas a reducir sus nóminas o evitar la contratación y llevar al fracaso la organización.

• Ajustes en la jornada de trabajo como la redefinición de las horas nocturnas y el aumento del valor de la hora en días de descanso y festivos, lo cual impactaría directamente a sectores como el turismo, los servicios de comida, el alojamiento y el entretenimiento. ¿No son estos sectores una apuesta clave del Plan de Desarrollo? No es coherente considerar estratégico un sector y al mismo tiempo, imponerle restricciones que lo perjudiquen.
• Impone contratación a término indefinido en el campo colombiano, después de 27 semanas consecutivas de labores, esto llevará a disminuir el empleo, disminuir la flexibilidad, incentivar rotación de personal por semanas.
• Impone contratación a término fijo para aprendices: incrementando los costos de contratación a la empresa patrocinadora en un 161 % en la parte lectiva y en un 81% en la parte práctica según estimaciones de la ANDI.

2. Aumentaría la informalidad laboral y dificultaría el cierre de brechas para alcanzar la formalización

El mayor problema del mercado laboral colombiano es la brecha entre trabajadores formales e informales. El fenómeno de la informalidad laboral afecta tanto a las ciudades como al campo, pero es en este último donde se experimenta con mayor intensidad. Según datos del DANE, a mayo de 2024, en zonas rurales el 84% de los trabajadores son informales. En las cabeceras municipales, la tasa de informalidad es del 49%, mientras que el promedio nacional alcanza el 56%. 

• La reforma no tiene en cuenta las soluciones que reduzcan la brecha de costos laborales, tributarios, trámites, prohibiciones y rigideces que permita a los informales formalizarse, por el contrario, los aumenta.
• Profundiza la grave informalidad laboral en la ruralidad y elimina las posibilidades de crear formalización en el campo colombiano al impedir la contratación por prestación de servicios y establecer la contratación indefinida por producción o por trabajo ocasional propio de la estacionalidad de la producción agrícola.

3. Disminuiría la competitividad empresarial del país: las restricciones impuestas por la reforma pueden afectar la competitividad de las empresas frente a sus competidoras internacionales. 

• Desencadena una menor creación de empresas, en la liquidación de otras que no puedan asumir las nuevas restricciones o la salida del país de aquellas que encuentren un entorno regulatorio menos favorable.
• Las nuevas medidas de estabilidad laboral y protección sindical pueden limitar la capacidad de las empresas para adaptarse y competir.
• Restringe los procesos de reconversión laboral por procesos de automatización, desincentivado la innovación empresarial y el cambio tecnológico.

4. Desfinanciaría la seguridad social en salud y pensiones y aumentaría la carga tributaria de los empleados formales: disminuir el empleo reduce a su vez los aportes al sistema de seguridad social, elevando el gasto público para sostener el sistema de salud y pensiones (que ya cuentan con graves problemas de financiamiento).

• Círculo de retroceso económico: aumenta la dependencia en la financiación del Estado del sistema de seguridad social, éste recurrirá a nuevos impuestos y deuda que limitarán la capacidad de inversión y creación de empresas.

Recomendaciones 

El ICP hace un llamado a encontrar el equilibrio entre reglas generales de protección laboral, la flexibilidad, eficiencia y adaptabilidad necesaria para que el mercado de trabajo se expanda. El equilibrio requiere igualdad ante la ley laboral, no crear leyes particulares que discriminan sectores y hace más costoso la creación de empleo entre unos y otros.  

Se debe evitar rigidez y prohibiciones que limitan la autonomía tanto del empresario como del trabajador. Las partes deben ser sujetos libres en la toma de decisiones sobre su capital fijo, financiero y humano, no deben estar supeditados al estado.

Es necesario fomentar la formalización en el sector rural, pero la vía para lograrlo no es el control de salarios, ni de modelos rígidos de contratación en un entorno en que no hay suficientes empresas. Se requieren dos intervenciones fundamentales que actualmente no son contempladas por el Estado: i) garantizar la seguridad física y ii) proteger las inversiones. Estas condiciones permitirán a los agricultores organizarse y mejorar sus niveles de empleabilidad, la formalización es una consecuencia y no la causa de un entorno económico favorable para las empresas. 

Se debe evitar el estancamiento tecnológico, los sobrecostos por automatización y uso de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial o cualquier nueva práctica innovadora eficiente necesaria para la competencia y la competitividad empresarial.