Reforma Pensional: ¿Cuál es la prisa del Gobierno Colombiano?

Preocupa que la propuesta del Gobierno plantee la entrada en vigencia de la reforma para el 1 de julio de 2025. ¿Cuál es la motivación e interés detrás de esta celeridad? 

Intervención

Carlos Augusto Chacón

Director ejecutivo Instituto de Ciencia Política (ICP)

Sesión Plenaria de la Cámara. Miércoles 12 de junio de 2024

Desde el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, queremos hacer un llamado para que esta discusión, que compromete los ingresos presentes y futuros de los colombianos y deja amarradas a las próximas generaciones, sea rigurosa y responsable.

Un debate sobre la dignidad humana para la vejez debe darse de forma responsable, reconociendo el impacto de las decisiones que hoy se están tomando; y rigurosa, en cuanto se deben tener en cuenta aspectos fundamentales como los parámetros de cotización para que se resuelvan realmente los problemas del sistema en términos de sostenibilidad, acceso y cobertura.

La responsabilidad no es negociable, ya que, se están comprometiendo las finanzas públicas del país, afectando el ingreso disponible de los colombianos, especialmente el dinero de la clase media y de los jóvenes. La propuesta de reforma llevará a una deuda alta y costosa a largo plazo, en la que, no serán los legisladores actuales quienes asuman la responsabilidad de los resultados, sino los colombianos a través de más impuestos y más cotizaciones obligatorias, que en todo caso no garantizarán pensiones dignas.

Preocupa que la propuesta del Gobierno plantee la entrada en vigencia de la reforma para el 1 de julio de 2025. ¿Cuál es la motivación e interés detrás de esta celeridad? Si realmente se busca mejorar el sistema pensional, y no se trata de una medida cortoplacista con fines políticos de cara a las elecciones presidenciales del 2026, entonces la entrada en vigencia debería ser después de dichas elecciones.

Además de los documentos de análisis y recomendaciones que hemos presentado al Congreso, quiero insistir en tres problemas que se profundizarían con una mayor centralización de las pensiones en el sistema público y una implementación acelerada de la reforma, esperamos sean considerados en la Plenaria de la Cámara:

1. Problemas técnicos y administrativos: la capacidad de Colpensiones es un punto crítico. Actualmente maneja 6 millones de afiliados, pero con la reforma tendrá que gestionar 24 millones y financieramente pasará de manejar $8,9 billones de pesos anuales a $24billones de pesos. Lo que representa un desafío sin un plan claro para abordar esta ampliación.
2. Problemas jurídicos: según la Procuraduría existen al menos 45 puntos sin reglamentación adecuada, lo que podría vulnerar los derechos de los afiliados y generar vacíos legales y operativos que dificulten una implementación efectiva y obstaculicen el funcionamiento del nuevo sistema.
3. Problemas de eficiencia y calidad: la eficiencia del sistema se vería comprometida si no se abordan adecuadamente los problemas técnicos y administrativos. Colpensiones reconoce 10,000 pensiones al mes, y a un porcentaje importante de solicitantes, la entidad no les cumple los términos de ley. Con el aumento de la carga, los términos de respuesta podrían empeorar aún más.

Por otra parte, debe revisarse la gestión del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo por parte del Banco de la República. La creación del fondo podría incidir negativamente en la política monetaria y no asegurar la capitalización ni la propiedad de los ahorros de los colombianos.

Preocupa la posible pérdida de independencia del Banco de la República y la creación de falsas expectativas sobre el retorno de los ahorros.

Dado que el presidente tendría incidencia en la elección de los miembros del comité propuesto, esto debería encender todas las alarmas frente a los evidentes riesgos de politización de esta instancia.

Además, al involucrarse en la administración de pensiones, el Banco podría desviarse de su objetivo de mantener la estabilidad monetaria, lo que genera riesgos respecto a la inflación y volatilidad económica. Esto también podría aumentar la deuda y el déficit fiscal, con riesgos de políticas inflacionarias y depreciación del peso. Las inversiones del fondo, influenciadas por intereses gubernamentales, podrían poner en riesgo los ahorros de los pensionados y limitar la diversificación y retorno de los portafolios.

No podemos retroceder en la autonomía que ha ganado el Banco de la República. Debe mantenerse como autoridades monetarias, funciones de fondo pensional desconfiguran y retroceden su accionar, poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. Mantener la estabilidad de la moneda es incompatible con garantizar la rentabilidad de un fondo y menos la suficiencia de recursos de un sistema pensional insostenible.

Las instituciones y la sociedad civil hemos expresado nuestras preocupaciones y advertencias. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal aseguró que el fondo se agotará antes de 2062, implicando unas transferencias adicionales a Colpensiones valoradas en 2,5% del PIB anual, con un costo de $52 billones anuales a largo plazo.

El país necesita un mejor sistema pensional, pero la respuesta no es estatizando las pensiones ni fortaleciendo un sistema de reparto insostenible. La reforma debe orientarse a incentivar y facilitar el ahorro en cuentas individuales con capitalización, permitiendo invertir y elegir en un sistema de libre competencia que responda a los mejores intereses de los trabajadores.

Desde el ICP hemos propuesto en diferentes espacios:

1. No establecer umbrales de cotización obligatorios.
2. Transformar a Colpensiones en una AFP pública con las mismas reglas de juego para que compita.
3. Permitir aportes blandos para quienes no están en un esquema de contratación formal.
4. Crear incentivos de ahorro y facilitar pagos mediante mecanismos disruptivos e incentivos fiscales.
5. Promover la educación financiera para fomentar una cultura de previsión y responsabilidad.

Además, es indispensable que se revise el Régimen Pensional Especial, si bien es cierto, se están marchitando, Estos seguirán ejerciendo una presión fiscal, según la Contraloría la asignación presupuestal para estos regímenes es del 39,3%.  Con los ingresos que se coticen de manera obligatoria con esta reforma se seguirán pagando las pensiones más altas del país. Si hablamos de un sistema que se enfoca en la solidaridad, la apelación a este principio debe partir del ejemplo con los funcionarios públicos, especialmente con los altos cargos que terminan con pensiones vitalicias.

La premura por aprobar la reforma pensional no puede responder a motivaciones e intereses políticos-electorales. La centralización de la administración de pensiones en Colpensiones podría servir como botín para acuerdos clientelistas.

La responsabilidad de los representantes a la Cámara con el país debe llevarnos a una reforma pensional sustentada en criterios técnicos y en garantizar la sostenibilidad del sistema, su cobertura y acceso.